Lamenta que Universidades se Involucren en Actos de Corrupción
Por Cristina Zareth Hernández Gutiérrez
Francisco Javier Avelar González, rector de la UAA
El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Francisco Javier Avelar González, apeló al deslinde de responsabilidades sobre funcionarios de dependencias federales así como de instituciones de educación superior públicas involucradas en el fraude millonario que ya ha confirmado el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, destacando incluso que “es un claro acto de corrupción”.
Lo anterior, luego de que la Secretaría de la Función Pública informó que inició un procedimiento de responsabilidad administrativa contra 10 servidores públicos en tres de las 11 dependencias federales que desviaron –según una investigación publicada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)– “tres mil 433 millones de pesos entre 2013 y 2014”, además de apuntar que investiga a otros 40 funcionarios relacionados con las observaciones de la ASF, a partir de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2013 y 2014.
Cabe mencionar que la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción refiere que el monto señalado fue desviado a empresas fantasmas que no cumplieron el trabajo que se les requirió.
Dichas empresas fueron subcontratadas por ocho universidades públicas que celebraron contratos con dependencias federales para dotar de ciertos servicios que no podían cubrir y por lo tanto, fungieron triangulando los recursos.
Al respecto el rector de la Máxima Casa de Estudios del estado lamentó que instituciones de educación superior públicas del país se vean involucradas en ese tipo de actos, e incluso dijo esperar que eso sirva de lección para que ninguna universidad sea partícipe de situaciones irregulares.
“Todo acto de corrupción es lamentable, sin duda alguna; y, bueno, como universitario, el que se vean involucradas algunas instituciones de educación superior pues es aún más lamentable. Esperemos que haya el correspondiente deslinde de responsabilidades en las investigaciones que está haciendo la ASF, y, pues, en todo caso se aprendan las lecciones para blindar a nuestras universidades de cualquier situación de esta naturaleza”, manifestó.
Avelar González consideró que lo señalado obedece sólo a excepciones, ante lo cual sostuvo que “habría que investigar a fondo qué fue, exactamente qué pasó, cómo fue que ocurrió.
Y agregó: “Ya vi una declaración de la ASF que declara el hecho como fraude, pero veamos el deslinde de responsabilidades, cuál fue la actuación de los diferentes funcionarios y particularmente, bueno, pues, en el caso que me comentan, de los funcionarios que estén involucrados de parte de las instituciones de educación superior”.
Por su parte, aseguró que la Universidad Autónoma de Aguascalientes está totalmente blindada de ese tipo de actos irregulares.
“Somos extremadamente cuidadosos en todo esto y jamás nos hemos visto envueltos en una situación ni remotamente similar”, dijo.
Por último, el rector destacó que tanto él como muchos otros actores han sostenido que invertir en educación, en ciencia y en tecnología es lo mejor que puede hacer cualquier sociedad, considerando que la inversión debe recompensar a todos; sin embargo, subrayó que se debe asegurar “que este tipo de situaciones no conlleven a una situación contraria”.
Cabe recordar que una de las universidades involucradas en el fraude es la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), y como lo ha documentado Página 24 desde 2014 (Edición 18 de mayo de 2014), con la Unacar el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), en ese entonces dirigido por Francisco Chávez Rangel, firmó un convenio en 2011 por el orden de 399 millones 140 mil 343 pesos, bajo el compromiso de que la institución suministrara y atendiera el equipamiento y la conectividad de 645 aulas temáticas y 732 aulas básicas en escuelas secundarias técnicas, generales y telesecundarias como parte del programa Habilidades Digitales para Todos (HDT); no obstante, la Unacar incumplió el contrato.
En la edición del día 15 de noviembre de 2015, Página 24 publicó una declaración del exrector de la Unacar, Sergio Augusto López Peña –quien firmó el convenio en su momento–, en la que afirma que mediante una triangulación el IEA entregó (a través de la universidad) los trabajos del programa HDT al empresario regiomontano Jorge Octavio Vázquez González, quien contaba con dos empresas.
López Peña reconoció que se empleó a la Unacar debido a que la ley exime de una licitación cuando las obras se entregan a instituciones de educación superior públicas.
“El Instituto de Educación nos depositó a nosotros cerca de los 400 millones de pesos, pero la relación ya estaba entre el Instituto de Educación de Aguascalientes y los empresarios, a nosotros nos usaron como el chivo expiatorio, como el sándwich”, señaló.
Y añadió: “La relación entre la Universidad y el Instituto nunca se dio, no hubo una relación, la relación era del IEA y el empresario, a nivel nacional, el artículo primero (de la Ley de Obras Públicas y Servicios) te permite una asignación directa si es a una institución de educación superior, y nos buscaron a nosotros para evitar la cuestión de la licitación y nos asignan el convenio, pero realmente el convenio es con el IEA y las empresas de este señor, y nosotros pagamos los platos rotos”.