Omitió Sanción Para Servidores Públicos que Obstruyan Este Delito
Por Cristina Zareth Hernández Gutiérrez
Mabel Haro Peralta, presidenta de la Aidige AC (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
Reprocha la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género (Aidige AC) la omisión de sanción en el Código Penal del Estado para servidores públicos que retrasen o entorpezcan la investigación de posibles casos de feminicidio, esto al señalar que “se quedó corto” el Congreso del Estado en esta materia, al no armonizar íntegramente el delito de feminicidio en la Legislación local con el Código Penal Federal.
Mabel Haro Peralta, presidenta de esta organización, aplaudió que tras varios años de haber sido una exigencia social, la semana pasada se haya logrado que en Aguascalientes se tipificara el feminicidio como un delito autónomo; sin embargo, lamentó que los legisladores hayan omitido la disposición contra servidores públicos que no realicen la debida diligencia ante este tipo de casos.
“El tipificarlo como delito autónomo está estupendo, pero falta agregar que a los servidores públicos que no hagan bien su trabajo y no juzguen con perspectiva de género, se les despida por ejemplo, en ese caso, la sanción (de) inmediatamente removerlos de su puesto, e incluso algunas entidades pugnan porque esto sea un delito grave, el que no se actúe bien dentro del marco de la ley para investigar un feminicidio.
Entonces en ese sentido, me sorprende que no hayan hecho eso los diputados aquí, ellos que están avocados al 100 por ciento en eso, con un tema que es muy importante porque está sucediendo fuertemente en Aguascalientes”, manifestó.
En entrevista para Página 24, precisó que de haber anexado esta especificación en la legislación, se daría más certeza, ya que “no tan fácil impunemente se podría ir un victimario o un feminicida”.
Cabe mencionar que el Código Penal Federal, establece en su artículo 325 que “al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente, o por negligencia, la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 500 días como multa, además de (ser) destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
La presidenta de Aidige, resaltó que aún cuando esté vigente la autonomía del feminicidio, será difícil que se haga justicia frente a los hechos que apunten a un feminicidio, si los operadores de justicia no tienen la voluntad ni tampoco la debida capacitación para tratar este tipo de casos partiendo de una investigación con perspectiva de género.
“Ahora sobre quien va a recaer el trabajo para poder llevar a sentencia a un feminicida va a ser en los operadores de los Centros de Justicia y la justicia en general, es decir, Ministerios Públicos, jueces, peritos, todos los operadores; ellos van a ser los principales operadores y quienes recabarán las pruebas suficientes para que se pueda llevar a buen término un feminicidio o no, porque si ellos no realizan bien el trabajo como lo estipulan los protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia, y sobre todo los estipulados en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los casos van a quedar impunes”, apuntó.
Por lo anterior, resaltó la importancia de haber incluido la sanción a servidores públicos que lejos de abonar, entorpezcan la impartición de justicia, pues criticó que incluso, hoy en día, se estén llevando a cabo de manera incorrecta los peritajes psicológicos de las víctimas de violencia.
“Si para hacer una denuncia simple por violencia psicológica o violencia intrafamiliar, te hacen un montón de peritajes que son incorrectos, sobre todo los psicológicos, entonces si ante casos de éstos que son los antecedentes están quedando impunes los victimarios, imagínate cuando ya cometan el feminicidio, van a decir: ‘Es que tampoco lo podemos imputar porque no hay pruebas’, y todo esto porque desde antes actuaron mal”, expuso.
Finalmente, Haro Peralta demandó a las y los diputados revisar nuevamente el tema, para armonizarlo con la legislación federal, a fin de poder garantizar una efectiva procuración e impartición de justicia, “que lo hagan igual al Código Federal, eso es lo que han estado expertos y organizaciones pidiendo”.