Proliferan los Robos por la Drogadicción, Señala el Ombudsman
Por Cristina Zareth Hernández Gutiérrez
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, titular de la CEDHA
La inseguridad y el hartazgo social no son producto del nuevo sistema de justicia penal acusatorio; existe ignorancia al respecto, señaló el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, al destacar que la delincuencia y la violencia derivan de otros factores que no se han logrado atender, comenzando por la falta de una política pública clara para combatir el problema de las adicciones.
Señaló que si bien se ha criticado que la delincuencia es consecuencia del nuevo sistema de justicia penal, dicha creencia es incorrecta ya que se han confundido las verdaderas causas del delito.
El nuevo sistema, dijo, está diseñado para generar procesos más ágiles, transparentes y democráticos, sin embargo se desconoce por parte de la ciudadanía, y particularmente la de Aguascalientes, debido a que el Gobierno anterior no tuvo a bien instrumentarlo y darlo conocer a la población de manera pertinente pese al plazo de ocho años que tuvo para ello.
En ese sentido, apuntó que el sistema podrá tener aspectos perfectibles, “pero no puedes tú acusar al sistema de justicia penal de todos los males que pueden acaecer en materia de delincuencia”.
Consideró que el tipo de delincuencia que prevalece ha derivado principalmente de un problema de salud pública: las adicciones; por lo que, mientras no sea atendido debidamente, el índice delictivo va a seguir al alza a la par de la drogadicción.
“En Aguascalientes tenemos un problema de drogadicción muy, muy serio, y estas personas que tienen esta adicción las seguimos viendo como delincuentes y además se comportan como tal, porque tienen necesidad de tener acceso a esta sustancia y cuando hay una adicción buscan, entonces, desde mi puto de vista, han proliferado mucho los pequeños robos, los pequeños asaltos y los pequeños latrocinios porque esta gente sale a buscar cómo conseguir eso”, expuso el ombudsman.
En ese sentido, sostuvo que es indispensable generar una política pública clara para combatir ese problema, pero también reconocer y atender otras cuestiones que hoy en día han propiciado hartazgo contra la impunidad, y que han sido de alguna manera responsabilidad de todos.
“Quizá no hemos tenido la suficiente entereza para señalar que no han estado trabajando adecuadamente las Policías, que no hay una repuesta adecuada de estos temas, que Ministerios Públicos en muchas ocasiones, para decirlo coloquialmente, batean a la gente con tal de no trabajar, que se hacen remisiones al C4 cuando tendrían que hacerse a la Fiscalía, luego en el C4 simplemente con una multa dejan en libertad a la persona en vez de consignarla, y otro factor muy importante es que falta ciertamente yo creo que una madurez para participar en los procesos, el que es ofendido tienen también una obligación social de comparecer ante la autoridad, de ser señalado en lo que fue afectado, de ejercitar sus derechos y de ejercitar sus acciones”, manifestó.
Por último, el ombudsman del estado refirió que por parte de los legisladores, más allá de buscar modificar el sistema para declarar como graves o imponer penas más severas a delitos como el robo, que es lo que más aqueja a la ciudadanía, deben evaluar primero y aplicar el concepto de eficacia del derecho, para crear disposiciones que realmente convengan.
“Lo que tenemos que hacer es una evaluación, una mediación y luego ya plantearnos este asunto de la eficacia del derecho, qué sirve para eso”.