“Ellos Establecieron que el Robo no es Delito Grave”
Por Cristina Zareth Hernández Gutiérrez
Leobardo Contreras Moreno, presidente honorario de la Barra de Abogados del Estado de Aguascalientes
El hartazgo social que ha propiciado que los ciudadanos busquen hacer justicia por su propia mano ante la impunidad en la comisión delitos, y particularmente de robos, no es culpa del nuevo sistema penal acusatorio, es culpa de los legisladores por no hacer leyes que garanticen una impartición de justicia pronta y expedita; asimismo, la incidencia delictiva no es obra del nuevo sistema, es producto de la falta de cultura de la denuncia, de mejores estrategias en materia de prevención, pero sobre todo de la falta de oportunidades que han quedado a deber los tres niveles de gobierno a la sociedad, enfatizó el jurista Leobardo Contreras Moreno, presidente honorario de la Barra de Abogados del Estado de Aguascalientes.
Actualmente –expuso–, “un hecho sucede, los policías detienen, el sistema penal acusatorio actúa y después los jueces, pero no se puede pensar que el sistema esté fallando, porque el sistema no los está matando, más bien es la falta de prevención, la falta de oportunidades”.
En su caso –apuntó–, “el sistema funciona en base a las leyes, y si el sistema establece que no es un delito grave el robo a casa habitación, que pueden salir con todas las facilidades, el sistema no puede hacer lo contrario a lo que está permitido por la ley, así está establecido, y aunque la persona tenga 50, 80 ingresos se tiene que sacar”.
En ese sentido, resaltó que sí ha influido el hecho de que el sistema no establezca la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para el delito de robo, que es lo que más aqueja a los habitantes, pero “más bien a quienes se les tienen que reclamar todas estas situaciones es a los diputados, tanto locales como federales, por las leyes que aprueban”.
A partir de la experiencia, y dado que “históricamente el Gobierno actúa cuando un delito se pone de moda” –consideró– deberá efectivamente revisarse el tema tanto en la parte preventiva como correctiva.
“Debe hacerse una nueva planeación en cuando al delito de robo, creo que se tendría que hacer un estudio para combatirlo desde diversos aspectos: el económico, el social, el educativo, y el legal”.
Precisó que en cuanto a leyes se refiere, “lo que se tiene que hacer es que los diputados federales de cualquier partido propongan las iniciativas y aprueben los cambios para un nuevo catálogo de tipificación de los delitos, en donde en el caso del robo sería necesario que no tuvieran derecho a libertad, que fuera oficiosa la prisión preventiva, ¿pero por qué no lo hacen? –cuestionó– porque todo genera consecuencias, porque las cárceles se llenarían, porque habría muchos juicios, porque entonces tendrían que trabajar, porque conllevaría más recursos, esa es la situación del sistema”.
Agregó que otra alternativa también sería considerar la reincidencia en el informe policial, a efecto de que aun cuando el sujeto acusado no hubiese sido sentenciado a una condena, se pueda proceder a otorgarle prisión preventiva justificada considerando el antecedente.
“Tenemos que tener un sistema de investigación, de control y de identificación de los sujetos que cometen un delito y llevarles su récord, para que si una persona ahorita tiene un beneficio por ser delincuente de primera vez, en donde va a tener las bondades del sistema y no va a tener prisión oficiosa, si éste vuelve a ser detenido en una segunda ocasión, yo le voy a decir que no tiene derecho porque se le está llevando un proceso, entonces en este segundo proceso ya no te voy a dar el beneficio.
La Fiscalía debe de empezar a manejar todos estos conceptos, lo que pasa es que significa trabajo”, manifestó Leobardo Contreras.
En términos generales, lamentó que el sistema se haya implementado de manera tardía a comparación de otros estados argumentando la espera para aprender de los demás y no con base en la experiencia propia; asimismo, consideró desafortunado que no se haya generado ni se esté dando una mayor divulgación del sistema penal acusatorio para que la ciudadanía y los propios operadores lo conozcan y entiendan el proceso de transición.
Finalmente, resaltó que es importante que la sociedad se forme la cultura de denunciar, en tanto que las autoridades también deben eficientar los mecanismos de atención a las víctimas.