No se Respetó una Resolución Presidencial: Isidoro Armendáriz
Por Sara Álvarez Fernández
Isidoro Armendáriz García, delegado de la Sedatu en Aguascalientes
La comunidad La Congoja, en San José de Gracia, tiene una historia de 30 años de corrupción, pues sus ejidatarios no han tomado posesión de 475 hectáreas que por derecho les corresponden tras la publicación de una resolución presidencial y la orden de ejecución para que se les entregaran las tierras.
Isidoro Armendáriz García, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) en Aguascalientes, aseguró que después de tres décadas el caso está “resuelto en un 90 por ciento” para beneficiar a 50 ejidatarios tras la publicación de una resolución presidencial en la que se reconoció la ampliación a los ejidatarios de La Congoja, en San José de Gracia, donde el Gobierno Federal les autorizó la posesión de 475 hectáreas.
“No se ejecutó la resolución presidencial por conflictos de interés público y privado; seguramente hubo una confabulación de intereses desde hace 30 años. Hubo actos de corrupción de los topógrafos, quienes manipularon sus aparatos de medición para beneficiar a algunas personas hasta con 50 o 100 hectáreas que no les correspondían, pero ahora se cuenta con instrumentos tecnificados para que la medición sea exacta”, relató el delegado.
En entrevista para Pagina 24 comentó que el caso está plagado de vicios y actos ilegales que permitieron el incumplimiento de la resolución presidencial.
Había un conflicto de sobreposición de planos y de derechos, ya que tanto los ejidatarios como los propietarios privados contaban con escrituras, mientras que el problema seguía ante el Tribunal Estatal Agrario.
“Tenían el derecho pero no el hecho, sólo se les habían entregado 15 hectáreas.
Con el tiempo seguramente se pensó que el caso estaba sobreseído, ingenuamente hay quienes pensaban que ya no tenía validez esa resolución presidencial”.
La Sedatu estableció una mesa de negociación con el abogado de los ejidatarios, los propietarios y funcionarios de la Ciudad de México.
Se llegó a un acuerdo con el Tribunal Agrario del Estado para entregar a los ejidatarios una compensación de cinco millones de pesos, un millón de pesos más para proyectos productivos, más 50 parcelas y lotes urbanos en la misma comunidad La Congoja.
“Las resoluciones presidenciales, por mandato de ley, deben ejecutarse sin demora, entregar las tierras, pero resulta que nunca se ejecutó esa resolución presidencial, a pesar de los derechos agrarios de los ejidatarios, y ahora sigue pendiente después de poco más de 30 años con una serie de litigios, conflictos, desavenencias y en algunos momentos históricos hasta de violencia”, señaló Isidoro Armendáriz.
Aseguró que ahora los ejidatarios contarán con su título de propiedad, cuenta de predial y licencia de construcción, más un apoyo de 120 mil pesos por ejidatario para que construyan sus casas de interés social y tres millones de pesos que autorizó el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) para los servicios básicos del nuevo asentamiento humano donde se encontrarán 50 casas.
Armendáriz García subrayó que desde la administración pasada el Gobierno del Estado autorizó los predios para cumplir ese compromiso, “por lo que prácticamente ya quedó cerrado este problema después de muchos años”.