“El Número de Notarías no Corresponde a los Indicadores Poblacionales”
Por Gabriela Jiménez Castañeda
Emanuelle Sánchez Nájera, presidente estatal del PRD (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
No es ninguna sorpresa que al término de la administración estatal encabezada por Carlos Lozano de la Torre hayan quedado en evidencia actos de corrupción como en el tema de la entrega de fiats notariales, manifestó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Emanuelle Sánchez Nájera.
“Esto muestra el grado de corrupción, de poca transparencia con el que Gobierno del Estado se condujo siempre, debe quedar muy claro que no es que haya cerrado de una manera distinta a la que se condujo siempre”.
Añadió que el caso salió a la luz pública debido al cambio de Gobierno, que “permite que algunas cosas se puedan transparentar; pero lo cierto es que estos hechos irregulares se vinieron repitiendo durante todo el sexenio.
Esto se vuelve público porque hay un cambio de Gobierno, un cambio de color en la administración estatal, si no todo esto siguiera oculto”.
Dijo: “Eso lo que nos hace el llamado es a revisar todo el conjunto para poder saber, conocer y descubrir de qué tamaño es la cloaca que se generó a lo largo de la administración que acaba de concluir”.
El líder local del Partido del Sol Azteca refirió que en la entrega de los fiats, “los datos que nos pide la Ley de Notarías Públicas es que debe existir una notaría por cada 20 mil habitantes, en teoría Aguascalientes podría cumplir con esta proporcionalidad, en teoría llegaron hasta la notaría número 65; quiere decir que podría haber notarios hasta por un millón 300 mil habitantes, que en teoría es lo que se cree que Aguascalientes va a tener el próximo año”.
Consideró entonces que es un “caso abusivo por dos razones: primera, porque (llegar a) ese número de población es algo que se está pensando que va a suceder, es decir, que está aplicada sobre una proyección.
Pero el segundo dato es que la Ley de Notarías Públicas dice que se debe de hacer sobre el censo general de población que hace el INEGI, y ese censo evidentemente no se realiza en el 2016”, subrayó.
Agregó que, si bien “por algún lado podría dársele sustento, lo cierto es que no se está haciendo de manera correcta, porque de ser así no hubiera correspondido asignar ese número de notarías con una proyección”, señaló.
Sánchez Nájera destacó que las notarías fueron entregadas a personajes de la clase política perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) o gente cercana a este instituto, “lo que debe ser revisado por el gobernador del Estado (Martín Orozco Sandoval) para ver qué se puede hacer al respecto, porque no se ha hecho el revuelo como sí ha sido con el asunto de las concesiones, pero cierto es que aspirar a una notaría pública es algo muy complicado, y hay abogados que lo han intentado durante años, y con este antecedente es claro que nunca lo van a lograr, a menos que sean incondicionales del gobernador en turno”.
Insistió: “Hay que hacerle un llamado contundente al mandatario estatal a que lleve una minuciosa revisión al tema, que también se diga que hasta no salir, y esto puede ser una medida, hasta no salir el nuevo censo de población, no se pueden validar tantas notarías”.
Finalmente, el dirigente perredista propuso que en caso de no poder revocar los fiats notariales recién asignados, “por lo menos que sea posible permitir que no se ejerzan hasta que se haga de manera correcta; lo que implica que lo que está validado para que este proceso sea correcto es el censo de población del INEGI, y esto no va a ocurrir hasta dentro de cuatro años, si mal no recuerdo, por como hace el INEGI sus censos. De otra manera, no sólo sería irregular su aplicación, sino su funcionamiento”.