Contra la PGR y la Auditoría de Comercio Exterior
Por Sara Álvarez Fernández
Un ciudadano exige a la PGR indemnización por 4.5 millones de pesos
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa analiza dos megademandas de indeminación presentadas por aguascalentenses por un monto total de 83 millones 945 mil 809 pesos.
Una es contra la Auditoría de Comercio Exterior por 79 millones 388 mil 102 pesos, acusando a la dependencia de su responsabilidad “en contra del remate, embargo y adjudicación de un vehículo propiedad del demandante”.
La otra es hacia las oficinas locales de la PGR “en contra de la resolución dictada en la que se determinó prescrito el derecho del actor para reclamar una indemnización” y el monto solicitado es cuatro millones 557 mil 706 pesos.
La Ley Federal de Procedimientos Administrativos refiere que las notificaciones irregularmente practicadas surtirán efectos a partir de la fecha en que se haga la manifestación expresa por el interesado o su representante legal dé a conocer su contenido o se interponga el recurso correspondiente.
El afectado podrá impugnar los actos administrativos recurribles que no hayan sido notificados o no se hubieren apegado a lo dispuesto en esta ley; si el particular afirma conocer el acto administrativo materia de la notificación, la impugnación contra la misma se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo correspondiente, en el que manifestará la fecha en que lo conoció.
Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso administrativo correspondiente ante la autoridad competente para notificar dicho acto.
La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso el domicilio en el que se le deba dar a conocer y el nombre de la persona autorizada para recibirlo.
El particular tendrá un plazo de 15 días a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad se los haya dado a conocer para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación, o cualquiera de ellos.