Y por Emplear Arbitrariamente la Fuerza Pública
Por Sara Álvarez Fernández
Según la CNDH los principales afectados de tortura son quienes han sido sujetos de una detención en flagrancia o con orden judicial (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga denuncias de aguascalentenses presentadas en 2016 contra la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.
Los quejosos argumentan que las autoridades aplicaron contra ellos o familiares tortura, además de emplear arbitrariamente la fuerza pública, prestar indebidamente el servicio público, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargoso comisiones.
De acuerdo a datos estadísticos de la Comisión Nacional, entre los años 2000 a 2014, se registraron 136 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con actos de tortura y nueve mil 988 sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En estos, se identificaron como principalmente afectados a quienes han sido sujetos de una detención en flagrancia o con orden judicial o aquellas que se encuentran bajo custodia de alguna autoridad o servidores públicos pertenecientes a corporaciones policiales o con funciones de apoyo a la seguridad pública, independientemente de las quejas que por las mismas violaciones se hubieren registrado en los organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas.
La CNDH conformó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que contribuye a prevenir posibles actos de esa naturaleza y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como al mejoramiento de las condiciones que favorezcan el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
A través de visitas periódicas a lugares de detención e internamiento, tales como agencias de Ministerio Público, separos, centros penitenciarios, instituciones psiquiátricas y otros, por medio de un grupo multidisciplinario de profesionales con experiencia sobre la problemática entrevista a personas privadas de la libertad para verificar el trato y las condiciones de detención, prisión o custodia con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.