Por Sara Álvarez Fernández
Sólo en 2016 se han derribado de manera legal 37 mil 889 árboles, arbustos y otras especies no maderables en Aguascalientes tras recibir el consentimiento de la Semarnat.
Se talaron huizaches, mezquites, agaves, romerillo, tepozán, cardenche, escobilla, palmilla, palo dulce, biznaga, mimbre, cazahuate, sangre de grado, biznaga china, biznaga ganchuda, uña de gato, carpinchera, nopaleras, cactus y yuca.
Estos casi 38 mil individuos se talaron para dar paso a 64 mil 132 hectáreas con nuevo uso de suelo, entre líneas de transmisión eléctrica y bancos de materiales pétreos.
La Semarnat tiene la atribución de regular el uso de los recursos forestales, así como la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales.
Puede autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal y con base en el estudio técnico justificativo en donde se demuestre que no se compromete la biodiversidad ni se provocará la erosión del suelo, el deterioro de la calidad del agua y disminución de su captación y que el uso alternativo propuesto sea más productivo a largo plazo.
En caso de tratarse de terreno forestal incendiado, no se otorgará autorización sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante un estudio técnico.
Las empresas que realizaron esta tala de árboles, arbustos y cactáceas debieron realizar una compensación ambiental; es decir, llevar a cabo acciones de restauración de suelos, reforestación y mantenimiento de los ecosistemas forestales deteriorados, para que una vez lograda su rehabilitación se compensen los servicios.
Las actividades de compensación ambiental son realizadas por la Conafor a través de convenios de colaboración con ejidos y comunidades agrarias, pequeños propietarios, dependencias y entidades de la administración pública, instituciones de enseñanza e investigación, organizaciones no gubernamentales y cualquier persona física o moral que cuente con el consentimiento expreso de los dueños de los terrenos para implementar los proyectos.