Provienen de Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Zacatecas…
Por Sara Álvarez Fernández
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la CEDHA
Aguascalientes es receptor de familias desplazadas por violencia del crimen organizado.
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA), refirió que el cálculo es que 60 personas que viven en Aguascalientes llegaron huyendo de la inseguridad de sus estados y aquí se concentran en ciertas colonias, formando especies de “guetos”.
“Hay gente que nos ha llegado de Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Zacatecas y otros estados. Es lo que se conoce como desplazamiento forzado, lo que no se tenía en Aguascalientes ya lo estamos registrando por la situación actual que se vive en materia de seguridad”.
Agregó que los casos de desplazamiento interno se están dando a conocer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Conapred, ya que se trata de un fenómeno social que está creciendo.
Ejemplificó el caso del fraccionamiento Ojocaliente, a donde comenzaron a llegar familias completas de Moroleón, Guanajuato, por lo que se formó “un barrio” dentro del propio fraccionamiento.
“Es así como los anillos de Circunvalación nos han ayudado a unir a muchas personas, pero también a dividir a otros”.
El ombudsman agregó que personas provenientes de Chihuahua acuedieron a la CEDHA en cuanto llegaron al estado para pedir protección por el clima de inseguridad que vivían en su lugar de origen, por lo que también los apoyó la Policía Estatal, la cual les ofreció vigilancia los primeros días de su instalación.
Además hubo una constante comunicación con las Comisiones de Derechos Humanos de cada estado de los desplazados, “porque están conscientes de la violencia que viven algunos de los habitantes, incluso con la muerte de algún familiar, por lo que se ven en la necesidad de vender todos sus bienes y venir a vivir a una ciudad tranquila, como lo es Aguascalientes dentro del contexto nacional”.
Desafortunadamente ya hubo brotes de hostilidad en Calvillo, donde una familia procedente de Michoacán acusó a los policías preventivos de ese municipio de acosarlos constantemente, por lo que la Comisión emitió una medida cautelar al presidente municipal Javier Luévano Nuñez; “con lo que lo responsabilizamos directamente por la seguridad de estas personas.
Los policías los hostigaban por el simple hecho de venir de otro estado, incluso les pidieron que dejaran el municipio, fue entonces cuando se presentaron con nosotros”, narró Martín Jáuregui.