“La Violación al Principio de Equidad Debe Sancionarse Como Marca la ley”
Por Gabriela Jiménez Castañeda
Alberto Solís Farías, secretario general del CDE del PRI
Como lo establece la resolución, compete única y exclusivamente al Congreso del Estado dictaminar el tipo de sanción que habrá de aplicarse al presidente municipal de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, por haber violado la Ley Electoral al promocionar obra pública en periodo de campañas, refirió el secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Solís Farías.
Lo anterior luego de que ya obra en poder del Legislativo el expediente SER-PSC-94, y acumulados, que fue llevado por la Sala Regional Especializada, expediente que incluye la resolución de la Sala Superior que ratifica esta resolución de la Sala Regional Especializada que en términos generales establece que el alcalde durante el periodo de campañas realizó conductas que violentan lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base tercera, apartado C, segundo párrafo de la Constitución federal, por lo que deberán los diputados emitir la sanción correspondiente a estos actos.
Sobre el particular, el dirigente tricolor consideró que las faltas cometidas por el alcalde panista superan en gravedad a las que derivaron en la anulación de la elección del Distrito uno el año pasado, cometidas por el gobernador Carlos Lozano de la Torre.
“Si los tribunales determinaron en algún momento que el uso de un vehículo daba motivo para la anulación de una elección, pues lógicamente la intervención y violación al principio de equidad deberá de sancionarse en los términos que marca la ley”, externó a Página 24 Asimismo, señaló que el Grupo Parlamentario Mixto PRI-Partido Verde ya analiza el tipo de amonestación contra Martín del Campo que, indicó, una vez aprobada en la Comisión de Gobierno deberá ser sometida a la votación del pleno en un eventual periodo extraordinario de sesiones.
“El Congreso deberá tomar los tiempos necesarios que lleva cualquier dictamen para efecto de cumplir con la sentencia. Estaremos en comunicación permanente con nuestros diputados; sin embargo es una competencia absoluta del Congreso”.
Solís Farías expresó que la inhabilitación para ejercer un cargo público por determinado tiempo pudiera ser la opción a aplicar al alcalde.
“Todo es posible, hay las consecuencias que estamos vislumbrando, pero eso se deberá hacer con un análisis más exhaustivo por parte del Congreso. Cuando ya hablamos de que no hay equidad en la contienda, que ya así lo determinó el tribunal, lógicamente se tendrá que proceder en consecuencia, se tendrán los medios de defensa tanto de una u otra parte si no se considera justa la sanción por la levedad o gravedad de la misma”.
Bajo este contexto, reprochó la intención de Juan Antonio Martín del Campo de adelantar el proceso de entrega-recepción, toda vez que, al estar impugnado el triunfo de Teresa Jiménez Esquivel, incurre en una irregularidad al destinar recursos públicos para iniciar tal procedimiento fuera de tiempo.
“Lo conveniente es esperar la resolución de los tribunales. Recordemos que, si bien hay disposiciones que establecen la temporalidad para hacerlo, si se hiciera la entrega a alguien que no está legitimado, si uno tiene los recursos para la entrega-recepción y después el tribunal define otra cosa, tendrán que recuperarse esos recursos. Si se recibe por parte de una persona que se deslegitimice por el tribunal, eso traerá consecuencias graves”, complementó.
Para finalizar Solís Farías afirmó que a más tardar en un mes pudiera ser emitida la resolución definitiva en torno a la impugnación promovida en contra de la elección de Martín Orozco Sandoval en la Gubernatura del Estado, por lo que se espera la pronta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).