Para Castigarlos Debe Considerarse “sus Posibles Vulnerabilidades”
Por Sara Álvarez Fernández
Francisco Frausto Ruiz Esparza, presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes
Propone el Colegio de Abogados de Aguascalientes que los padres de menores de edad delincuentes paguen el daño que hicieron sus hijos.
Francisco Frausto Ruiz Esparza, presidente del organismo, refirió que sería necesario que los tutores se vuelvan responsables solidarios, además de un plan de actividades en el internamiento preventivo o cumplimiento, es decir, para quienes tienen de 12 a 14 años, de 14 a 16 y de 16 a 18 años.
Subrayó que deberán aplicarse estudios periciales a efecto de que el castigo sea equiparable al desarrollo psicológico del menor para que reciba terapia, asistencia psicológica o privación de su libertad en un procedimiento de recuperación de su conducta y poder restaurar la convivencia con la sociedad.
“Para las medidas punitivas se deben tomar en consideración la edad, el desarrollo psicológico, el grado de educativo de los menores inculpados, así como sus posibles vulnerabilidades, como ser hijos abandonados, arrastrar deficiencias de entendimiento u otro tipo de discapacidades”.
Detalló que los propios tratados y principios de protección internacionales de menores de edad infractores recomiendan que exista una intervención mínima del sistema penal, ya que se considera que un adulto actúa más por reacción que por sentimiento y que al menor le falta madurez para calcular y dimensionar el daño causado a otra persona y a la sociedad, así como medir las consecuencias que le puede ocasionar ser sancionado.
El especialista lamentó que en Aguascalientes aún no esté definido un código que contemple todos los momentos de un proceso en contra de un menor o un adolescente; “para una situación se aplicaba un código, para otra situación otro código supletorio; pero ahora sólo se tiene que aplicar la nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”.
Ruiz Esparza puntualizó que cuando se imparte justicia a un adolescente en todo momento se debe atender los principios que favorezcan tanto a las víctimas del delito como a los menores señalados como causantes, con una revisión continua del procedimiento y tutela de sus derechos.