“Al Final del día Sale más Cara su Manutención”
Por Gabriela Jiménez Castañeda
“El Nuevo Sistema de Justicia, más que recursos económicos, va a requerir mucha capacitación a las Policías Municipales, principalmente, a las Policías Estatales, a los Ministerios Públicos, porque aunque transitamos a un nuevo sistema el cual ya tiene una denominación distinta como lo es la Fiscalía General, antes Procuraduría General, (…) finalmente muchos de ellos siguen siendo las mismas personas, en ocasiones con las mismas prácticas”, expresó a Pagina 24 el legislador local Leonardo Montañez Castro.
Sobre el particular, señaló que “de lo que se trata no es sólo un cambio de nombre o en la nominación de las dependencias o de los órganos autónomos, como es la Fiscalía, sino de un cambio de actitud de los servidores públicos que están al frente, y es en donde es necesaria mucha capacitación”.
Asimismo, el secretario de la Comisión de Justicia en Congreso del Estado dijo que “también es necesario que la sociedad entienda que el nuevo sistema lo que busca es que sólo pisen la cárcel quienes cometan delitos que sean muy graves, para poder distinguir entre un delincuente y entre alguien que quizá cometió una falta administrativa o un delito que no es tan grave para permanecer tres años en prisión”.
Esa situación, dijo, resulta muy complicada de entender; “yo estoy de acuerdo que si alguien llega a mi casa, abre mi carro, me roba el estéreo, la batería, pues yo quisiera que lo encarcelaran por cinco, 10 años y que no salga”.
Sin embargo, subrayó: “Al final del día es un modelo muy caro porque el costo por cada persona que se encuentra dentro de un Centro de Reinserción Social (Cereso) también es muy caro, y no para el Estado sino para los ciudadanos que sostienen la carga tributaria a través de sus impuestos.
(Es muy caro) para que (en el caso de) quien cometió un delito menor (…) sea mayor lo que se desembolse por mantenerlo dentro de una prisión”.
Más caro resulta aun, dijo, “de no existir reparación del daño. Finalmente lo que el nuevo sistema viene a privilegiar es que si me robaron, si me cometieron un acto de violencia, que yo pueda tener una reparación económica de ese daño”.
Refirió el legislador panista que a “lo que debe de enfocarse ese sistema es a que efectivamente haya una reinserción social, lo que requiere de una nueva visión de la sociedad, de los propios Centros de Reinserción Social para que efectivamente sí sean Centros de Reinserción y no universidades de delincuentes, como tradicionalmente se les ha visto”.
Montañez Castro destacó que la reparación del daño sería en donde “precisamente el Estado mexicano debiera buscar esos canales novedosos y creativos para buscar de qué manera, incluso dentro de los Ceresos, pudieran (los internos) tener actividades productivas que les permitan tener un ingreso en donde, a final del día, de ahí se pueda reparar una parte del daño”.
Añadió que además “existe un fondo de víctimas generado por el Estado para tratar de reparar esos daños, y en donde esos fondos, aparte el legislador le destina de manera anual un cantidad que está etiquetada en el presupuesto, se enriquecen también de incautaciones que hace el Estado por quienes cometen delitos como robo de vehículos, narcomenudeo, por incautaciones de bienes que enriquecen ese fondo.
“Esa es la inercia que se debe de buscar, la transparencia de bienes incautados que luego se desconoce su destino final. Entonces, de lo que se trata es que de ahí se enriquezca el fondo para reparar el daño de quienes fueron víctimas de algún tipo de delito”, complementó el diputado panista.
Cabe hacer mención que al Estado mexicano le cuesta la manutención (alimentos, medicinas, salarios, energía eléctrica, indumentaria, uniformes, etcétera) un aproximado de 140 pesos diarios por interno; en cuanto a la investigación durante el proceso penal, cada una cuesta cuatro mil 330 pesos; el costo de cada juicio es 14 mil 500 pesos; la defensa pública y el trabajo social cuestan 541.83 pesos (tomando en cuenta que 50 por ciento de los internos procesados tiene un defensor público) y la seguridad social es .97 pesos diarios por detenido, según datos oficiales.