Se Cuadriplicó la Cifra de 2015: Jesús Eduardo Martín Jáuregui
Por Sara Álvarez Fernández
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente
de la CEDHA
En lo que va del año 120 aguascalentenses han denunciado haber sido torturados por parte de autoridades, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA), así lo dio a conocer Jesús Eduardo Martín Jáuregui, ombudsman de Aguascalientes.
Subrayó que se cuadriplicó la cifra respecto al año pasado, cuando no se alcanzaron los 30 casos, lo que atribuyó a que ahora las denuncias a la Comisión se hacen también por medio de los juzgados.
Para atender las denuncias de tortura, por primera vez la CEDHA tendrá un equipo interdisciplinario que actuará en los casos de mayor gravedad, con especialistas en criminología, un psicólogo con experiencia en el protocolo de Estambul y un médico legista con especialidad en este tipo de asuntos para atender a las personas detenidas y fundamentalmente procesadas.
Y es que el Poder Judicial del Estado no cuenta con un equipo para practicar el protocolo de Estambul, pero sí la Fiscalía del Estado, sin embargo “el propio protocolo señala que no debe ser practicado por la autoridad a la que se le impute que realizó una violación a la integridad o seguridad de la persona, por lo que nosotros podríamos prestar el servicio a los jueces penales que van a requerir este tipo de investigaciones. Se empezaría con los casos consignados por los juzgados federales.
“Queremos iniciar seleccionando bien los casos porque no queremos incurrir como defensores de delincuentes, lo que nos interesa es que la ciudadanía tenga confianza y la certeza de que cuando a una persona se le consigne es porque efectivamente es un delincuente y porque se cumplieron las formalidades, que es la única manera de garantizar que a la víctima se les respeten sus derechos; si no se respetan los derechos de a quien se le acusa, lo que va a pasar es que sean liberados por los jueces y se va a frustrar la justicia y se van a frustrar las víctimas.
“Uno de los problemas reales en el caso de la tortura es que no siempre el ciudadano tiene la conciencia de que está siendo torturado al no permitir al detenido que se comunique con sus familiares, porque la incomunicación por sí misma está catalogada por el Consejo Interamericano como caso de tortura.”