Propuesta de Tere Jiménez “Tendría Costo Millonario Para el Municipio”
Por Sara Álvarez Fernández
Francisco Frausto Ruiz Esparza, presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes
Sería poco viable retirarle la concesión a CAASA, una de las principales propuestas de la presidenta municipal electa, Teresa Jiménez, así lo considera el presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes.
“Es difícil, pero no imposible, porque la concesión maneja requisitos difíciles de salvar, sería muy honeroso, la alternativa es esperar a que se cumplan los 30 años del contrato y no volver a ampliar la concesión, que el servicio vuelva a estar en manos del Ayuntamiento, como originalmente marca la Constitución”, refirió Francisco Frausto Ruiz Esparza, presidente del colegio.
Opinó que todos los actos de autoridad o administrativos tienen defectos, “son combatibles y ganables” para los particulares; sin embargo, en el caso del Municipio tendría un costo millonario.
El Colegio de Abogados realizó un estudio jurídico de los términos de la concesión, que en sus cláusulas refiere cómo se deberá indemnizar a CAASA si se le retira, desde hace años, el colegio, también, elaboró un dictamen con su opinión de esa propuesta, considerando que, además del agua potable, la comisión se hace cargo de otros procedimientos, como ciertos usos de aguas nacionales y uso de drenaje, entre otros; “CAASA ni si quiera paga el Derecho de Alumbrado Público (DAP) por el uso de las bombas para los pozos, la propia concesión lo exime de ese pago”.
El abogado explica que los ciudadanos pueden tramitar demandas de amparo cuando hay violaciones a garantías individuales o a derechos humanos por la falta del servicio de agua, se demandaría tanto a CAASA como al Municipio, “¿pero quién va a demandar si paga el mínimo de agua? Se tendría que hacer un amparo especializado que llegue hasta la Suprema Corte, que un despacho de amparistas cobra hasta en 100 mil pesos, sólo aplicaría en una demanda colectiva”.
Ruiz Esparza agregó que jurídicamente la concesión pone en ventaja a la empresa extranjera, pues es ésta la que modifica la tarifa del agua, cuando debería ser el Congreso del Estado según estudios socioeconómicos de las colonias de Aguascalientes.