No se Cubre la Expectativa de Recuperar lo Perdido: Joaquín García
Por Alfonso Morales Castorena
La compañía aseguradora que administra el Sistema Nacional de Identificación Individual Ganadera (SINIIGA), encargada de extender la indemnización del caso a los afectados por el envenenamiento masivo de vacas con pollinaza contaminada, no cuenta con un criterio base ni uniforme para cubrir la reparación del daño y los altibajos en los costos que maneja y tasa cada animal muerto, no cubre al 100 por ciento las expectativas de recuperar el patrimonio perdido, refirió el tesorero de la Asociación Ganadera Local, Joaquín García Medina.
Sin embargo, no dejó de reconocer que la aportación del seguro ganadero por el siniestro sufrido es de gran ayuda y aliciente para quienes, como en su caso, perdieron casi la totalidad de su base laboral y cuya indemnización general se espera esté finiquitada para mañana.
Ese aporte financiero permitirá a la mayoría de los afectados reiniciar su trabajo, pero además se mantiene la esperanza que tanto el Gobierno Estatal como las autoridades municipales de la localidad se solidaricen con todos ellos, les cedan apoyos adicionales y el complemento a la indemnización que reciban o hayan recibido represente la recuperación de un gran porcentaje del patrimonio vacuno perdido.
En su caso particular García Medina estimó la pérdida sufrida en un millón 600 mil pesos, valor global del hato ganadero que cayó envenenado con la pollinaza contaminada, incluidos dos sementales de alto registro, cada uno valuado en 70 mil pesos y que por la muerte de las vacas de crianza, las crías, en total de 40 becerros, vagan por los potreros alimentándose como pueden.
Sobre el siniestro, explicó que por consenso con los agremiados se decidió esperar el finiquito total del seguro ganadero para considerar si se procede o no en forma legal, tanto del productor de la excreta avícola, como del vendedor, que en este caso serían el dueño de la granja El Becerro, ubicada en la comunidad de Cañada Honda y del exdiputado federal panista, ahora metido a comerciante, Raudel López López, a fin de exigirles los apoyos que les prometieron para recuperar parte del patrimonio perdido.
Explicó que en el caso del exlegislador federal la mejor opción sería que “se encargara de solucionar el asunto cumpliendo con su promesa de aportar los fondos económicos necesarios a los afectados, para que de esa forma no sea sometido al ejercicio de la acción penal por la responsabilidad legal que se le pudiera fincar”, como en el caso del avicultor Jorge Gutiérrez Martín del Campo, que ya fue objeto de denuncia judicial por parte de uno de nuestros agremiados”.
Recordó que a Gutiérrez Martín del Campo, en la última semana de febrero de este año o en la primera de marzo, ya se le había responsabilizado de la mortandad de casi 800 reses, propiedad del ganadero de Venadero, Jesús María, Rafael González, que cayeron envenenadas con la pollinaza contaminada que le vendiera, pero hasta la fecha ninguna autoridad ha respondido a la queja que los deudos del productor pecuario ha presentando en su contra.
El ganadero perdería la vida días después en aciago accidente de tránsito carretero, en viaje de regreso a casa, luego de fracasar en su intento porque las autoridades sanitarias tomaran cartas en el asunto y obligaran al avicultor a resarcirle al menos un porcentaje del daño que le causara y a partir de su deceso “ese asunto quedó en el olvido”.
García Medina se dolió también de la aparente conducta de complicidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con el avicultor, al autorizar la comercialización de la pollinaza contaminada sin que sus inspectores de campo se tomen siquiera la molestia de revisar que esa excreta de ave “no represente un riesgo para los criadores de ganado y que las forrajeras comercialicen como si de un suplemento alimenticio animal se tratara y las consecuencias de esa indolencia sanitaria saltan a la vista”, terminó diciendo.