Nepotismo, Vínculos Políticos y Aviador en la CDMX
Desmontan Farsa de Javier Espinosa Granados y el Colectivo Maverick
Por Benny Díaz
Luego de que el Colectivo Maverick y la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIADP) intentaran articular una campaña nacional bajo el lema “si tocan a uno, tocan a todos”, familias buscadoras del estado de Aguascalientes y de casos foráneos rompieron el silencio y entregaron a esta Casa Editorial un minucioso desglose de pruebas e inconsistencias que dejaron al descubierto la red de conveniencias políticas, nepotismo e ilegalidades que mueven a Francisco Javier Espinosa Granados, señalado como la cabeza de este grupo.
Frente a la narrativa de que representan la totalidad del movimiento de búsqueda, representantes de víctimas aclararon que el Caso Maverick aglutina a un grupo menor de aproximadamente 10 familias, el cual no representa la totalidad de las familias buscadoras de Aguascalientes. Si bien manifestaron que cada caso es prioritario y requiere atención, cuestionan severamente la postura de Espinosa Granados, a quien señalan de criticar y atacar los trabajos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CEBPD) sin haber participado jamás en los operativos de campo ni en las búsquedas en vida o forenses que se realizan en la entidad.
Del Agradecimiento a la Guerra Personal por una Plaza Laboral
Las pruebas presentadas desbaratan la supuesta postura “ideológica” de Javier Espinosa. En un inicio, el propio Espinosa reconoció y agradeció públicamente la designación de Violeta Sabás Díaz de León al frente de la CEBPD en Aguascalientes, atribuyendo incluso el incremento en las cifras de desaparecidos a una mayor claridad y registro institucional bajo su gestión.
Sin embargo, el viraje radical en su discurso coincidió con un interés estrictamente familiar y burocrático: el tráfico de influencias. Espinosa argumentó presuntas afectaciones emocionales de su hija, Ana Hilse Espinosa Almanza, para exigir que se le otorgara un contrato laboral en la Comisión Estatal de Búsqueda de Aguascalientes.
Al no renovársele dicho contrato en el estado, Espinosa maniobró ante la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entonces encabezada por Karla Quintana / Tere Lupe, para lograr la contratación de su hija en la federación.
Fue justamente cuando expiró dicho contrato y no se le volvió a firmar, que Espinosa emprendió una persecución mediática y política contra la comisionada Violeta Sabás Díaz de León, exigiendo de manera sistemática su renuncia y descalificando cualquier avance institucional.
La Alianza con el Pasado y los Vínculos con la Delincuencia
Entre los señalamientos más graves vertidos por las familias buscadoras, se cuestiona el repentino “equipo” que Espinosa ha formado con el anterior comisionado estatal, Juan Antonio Hernández Organista, a quien en el pasado criticó severamente y hoy se ha convertido en su aliado político rumbo a los procesos electorales. Ambos personajes tuvieron una reunión con Juan Antonio Martín del Campo en un claro acercamiento para buscar que, en caso de que llegara a ser gobernador, les abra las puertas de la CEBPD.
Las familias cuestionan la calidad moral de esta alianza, recordando que durante la gestión de Hernández Organista se contrató como jefe de búsqueda a Jorge Nieves Cárdenas, un expolicía vinculado a grupos delictivos, por lo que consideran que resulta inaceptable para las víctimas que un personaje con esos antecedentes tuviera contacto directo con las familias, existiendo el riesgo latente de que hubiera formado parte de las redes involucradas en las propias desapariciones.
Violación a la Ley General y un “Aviador” en la CDMX
El expediente contra Javier Espinosa Granados abarca además presuntas irregularidades legales y administrativas de escala nacional.
Violación a la Ley General de Desaparición Forzada: Espinosa intentó ingresar al Consejo Ciudadano Estatal de Aguascalientes, lo cual le fue denegado por ley al ser funcionario público en activo. Pese a esta restricción legal, logró colarse al Consejo Nacional Ciudadano de la CNB omitiendo declarar adecuadamente su estatus, despojando de ese espacio a verdaderos familiares buscadores que no devengan un sueldo gubernamental.
Cobro sin trabajar en la Ciudad de México: se reveló que Espinosa figura como servidor público en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), donde cobra un salario financiado con los impuestos de la ciudadanía capitalina sin presentarse a laborar. Mientras ostenta dicho cargo de “aviador”, utiliza sus horarios laborales para agredir verbalmente a funcionarios de otros estados, como ocurrió con el secretario general de Gobierno de Aguascalientes, José Antonio Arámbula López.
El Llamado a los 150 Colectivos Nacionales
Ante este escenario, las familias que sí realizan trabajo de campo, que recorren fosas, brechas e instituciones en Aguascalientes, hicieron un llamado urgente a los 150 colectivos de la RIADP y a la sociedad en general para no dejarse manipular ni servir de fachada a los intereses mezquinos de un personaje que utiliza la tragedia de su propio hijo como moneda de cambio político y económico.
“Para recomendar e impulsar iniciativas que ayuden a localizar a los desaparecidos, es indispensable vivir el dolor y el trabajo diario en el campo junto a las autoridades y las familias, sin violencia y sin agendas ocultas. Los invitamos a no dejarse llevar por discursos victimistas y a constatar la realidad de los hechos”.
Rechazo de las Familias
Señalan por último las familias buscadoras:
“Las familias que integramos el Colectivo Buscando Personas Verdad y Justicia Aguascalientes dejamos claro que ningún grupo o persona habla en nuestro nombre ni representa los intereses de todas las familias buscadoras de Aguascalientes.
“Rechazamos que el dolor de las familias y la desaparición de nuestros seres queridos sean utilizados para generar confrontaciones, protagonismos o intereses particulares. Nuestra lucha no es patrimonio de nadie.
“Asimismo, queremos expresar públicamente nuestro respaldo al trabajo que viene realizando la comisionada actual Violeta Sabás, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, porque consideramos que reconocer los avances, la disposición al diálogo y el trabajo institucional no significa renunciar a nuestra exigencia de verdad, justicia y resultados. Al contrario: creemos que las instituciones deben fortalecerse mediante la colaboración, la exigencia y la evaluación seria de su trabajo.
“Las familias tenemos derecho a tener opiniones distintas y a señalar lo que consideramos necesario mejorar, pero también tenemos derecho a reconocer cuando una institución trabaja y escucha, y siempre nos tocará exigir el derecho a buscar y ser buscado como objetivo de nuestras acciones.
“Por ello, rechazamos cualquier intento de hablar en nombre de todas las familias o de utilizar nuestras historias para construir una narrativa de confrontación que no compartimos.
“Buscamos a nuestros seres queridos. Exigimos verdad y justicia. Y nuestra voz es nuestra”.