Y que los Municipios los Reparen y Conserven
Por Benny Díaz
Nancy Jeannette Gutiérrez Ruvalcaba
La diputada panista Nancy Jeannette Gutiérrez Ruvalcaba manifestó que Aguascalientes debe ser más incluyente, pues no basta con banquetas adaptadas para quienes utilizan sillas de ruedas; también es necesario apoyar a quienes transitan por las calles con discapacidad visual o auditiva, pues enfrentan un riesgo constante al no saber en qué momento pueden cruzar, ya que los semáforos son únicamente visuales.
Es por eso que la congresista propuso una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado que “busca redefinir legalmente el concepto de semáforo peatonal para que deje de concebirse únicamente como una estructura luminosa y pase a un sistema híbrido, de luz y sonido, en los cruces de mayor tránsito”.
El proyecto de ley no solo impone al Estado la obligación de instalar, reparar y conservar estos dispositivos, sino que traslada responsabilidades operativas a los municipios. La cobertura prioritaria se enfocará en zonas de mayor riesgo peatonal y afluencia social, como entornos inmediatos a centros de salud, planteles educativos, templos y áreas comerciales.
La iniciativa reza así: “El concepto de semáforo peatonal incorporará de forma obligatoria las señales sonoras junto con los indicadores visuales, se establece el deber jurídico de reparar y conservar los dispositivos fuera de servicio, evitando que queden abandonados tras una avería, los ayuntamientos asumirán la instalación y supervisión directa en los cruces viales de sus jurisdicciones y se dará preferencia a los perímetros urbanos adyacentes a hospitales, escuelas, zonas de comercio e iglesias”.
Para la población con discapacidad, desplazarse en la vía pública resulta doble o triple de complicado, porque no existen semáforos adecuados que indiquen el momento de cruzar y, además, no todas estas personas cuentan con cuidadores.
Un ejemplo significativo se observa en el andador Juárez, donde una familia trabaja diariamente interpretando canciones y utilizando sus propios instrumentos para recibir apoyo económico. Tanto los padres como los hijos son ciegos o débiles visuales y deben desarrollar otros sentidos, como el oído, para desplazarse por la calle.
Como ellos, existen más personas que requieren estos servicios y que los gobiernos están obligados a garantizar, pues no pueden permanecer encerrados cuando tienen necesidades básicas que cumplir, como salir a trabajar.
Esa vulnerabilidad no responde únicamente a la falta de infraestructura inicial, sino al descuido sistemático: dispositivos instalados que dejan de emitir sonido y se convierten en adornos inservibles. Como la normativa vigente no contempla explícitamente el mantenimiento ni la sustitución obligatoria de estas alertas sonoras, las fallas técnicas pasan desapercibidas para la administración pública, pero paralizan la autonomía de decenas de peatones.