Incumplen Decreto Presidencial de 1980
Por Gabriel Rodríguez Piña
Exigen campesinos de Aguascalientes la entrega de tierras que el gobierno federal les brindó desde 1981 (Foto: Diana Moreno Valtierra)
A causa de que los recursos de queja en materia agraria se ventilan en Zacatecas y no en Aguascalientes, por decreto legal federal, la mañana de este martes, Corporativo Legal Quiñones salió en defensa de 69 campesinos de un ejido de Jesús María, Aguascalientes, a quienes no se quieren entregar más de mil 350 hectáreas de su propiedad que les pertenecen desde 1981.
El vocero del equipo legal, José Gerardo Quiñones Carmona, informó lo anterior y explicó que fue mediante decreto presidencial del 19 de noviembre de 1980, que se entregaban dichas superficies para uso y en beneficio de los colectivos asentados en el lugar.
Quiñones Carmona añadió que dicha resolución presidencial se ejecutó, pero sin la presencia de esos 69 beneficiados, “lo de que por sí representa ya una entrega indebida, hecho del cual se dio aviso a la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y al gobernador en turno, José Refugio Esparza Reyes.
“Pero es el momento en que los beneficiados no han recibido esas tierras manifiesto dentro de la resolución presidencial de José López Portillo en la primera ampliación del ejido”.
Los quejosos precisaron que posteriormente se dio una segunda ejecución, realizada el 25 de febrero de 1982, sin que –de igual manera– fueran citadas las partes y en la que se entregó al ejido una superficie, pero esta vez tasada en mil 140 hectáreas (cantidad menor a la originaria) bajo el argumento de que “había imposibilidad material para la ejecución de las mil 350 asignadas en principio”.
Es por ello que el equipo legal considera “se trata de una entrega ilegal al no haber recurso anticipatorio que, hecho del conocimiento de todas las partes, frenara el dictamen inicial.
“Todo lo anterior, ha impedido –hasta el momento– el usufructo y aprovechamiento de esas tierras por parte de los 69 ejidatarios a los que se pretendía beneficiar inicialmente”.
Gerardo Quiñones explicó que tienen conocimiento de ello la delegación de la Procuraduría Agraria y que existe un abogado particular de nombre Gonzalo García Buenrostro que durante muchos años ocultó en su beneficio todos los hechos citados, “lo cual es ilegal”.
“García Buenrostro se ha dedicado desde hace muchos años a proteger los intereses de particulares lo que resta desconocimiento de los 69 poseedores legales”, destacó Quiñones Carmona quien expresó que “45 años después están unidos en frente de lucha para dar esas tierras a quienes deben ser entregadas”.