En Cambio, Dice, si se Respetan DH en Escuelas Militarizadas
Por Benny Díaz
Omar Alejandro Valdés Reyes (Foto: Francisco Javier Sosa Ordoñez)
“Las autoridades estatales y federales tienen la obligación irrestricta de conducirse con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos; la detención del comerciante Felipe Lomelí Carreón, conocido como ‘El Guayabo’, vulneró esos derechos y ninguna corporación o institución gubernamental está por encima de las garantías individuales, así que estamos atentos y podría haber recomendaciones para las autoridades federales que actuaron”, declaró en entrevista colectiva el diputado panista Omar Alejandro Valdés Reyes.
En caso de que existan irregularidades o abusos en la actuación de los elementos de seguridad o procuración de justicia durante la aprehensión o proceso contra Felipe Lomelí Carreón, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes tiene la facultad plena de emitir recomendaciones tanto a mandos locales como a autoridades federales, afirmó:
“Nadie puede actuar al margen de la ley, si las autoridades federales incurren en omisiones, abusos o violaciones a las garantías individuales en este u otro caso, pueden y deben recibir la recomendación correspondiente por parte de los organismos defensores de derechos humanos”.
Respecto a la procuración de justicia, el congresista remarcó que el respeto al debido proceso no es un privilegio, sino un mandato constitucional que debe cumplirse sin distinción de personas ni expedientes. Señaló que las investigaciones deben ser sólidas, transparentes y libres de tintes políticos para evitar que la impartición de justicia se desvirtúe.
En ese sentido, reiteró que el seguimiento a los procedimientos judiciales relacionados con Felipe Lomelí Carreón, “El Guayabo”, debe realizarse bajo el escrutinio de los organismos de derechos humanos para garantizar que no se vulneren sus derechos fundamentales ni su presunción de inocencia.
Bachilleratos Militarizados
En otro tema, el legislador se refirió al funcionamiento de los planteles de bachillerato militarizado en la entidad, asegurando que, “en las visitas de inspección que he realizado a dichas instalaciones, he constatado que sí se respetan los derechos humanos de las y los jóvenes estudiantes”.
Sin embargo, el congresista evitó abordar las recientes denuncias y señalamientos públicos respecto a las severas “novatadas” a las que presuntamente son sometidos los alumnos de nuevo ingreso en estos planteles, prácticas de adiestramiento extremo que supuestamente incluyen obligar a los estudiantes a matar y comer animales.
Urgen Garantías y Protección Para Periodistas
Finalmente, el legislador hizo un llamado urgente para fortalecer los mecanismos estatales y federales de protección a periodistas y comunicadores, al señalar que la labor informativa representa un pilar fundamental para la democracia.
“Las agresiones, presiones u hostigamientos en contra de los integrantes del gremio periodístico no deben quedar en la impunidad. Las autoridades competentes tienen la obligación de la oportuna activación de los protocolos de seguridad, es indispensable que Aguascalientes y el país cuenten con un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, proteger a los comunicadores es proteger la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.