La Presión Social y Mediática no Funcionó
Por Benny Díaz
Luego de ocho horas de audiencia, la jueza federal Yuridia Bello Camacho encontró los elementos suficientes para vincular a proceso a Felipe Lomelí Carreón “El Guayabo” por los delitos de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud en modalidad de posesión con fines de venta.
Este caso cobró relevancia nacional debido a que la gobernadora Tere Jiménez Esquivel le hizo una llamada a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, poniéndolo en altavoz, frente a familiares de Felipe, quienes se acercaron a ella para quejarse de que elementos federales se lo llevaron detenido y “es inocente”.
En esa llamada la mandataria estatal la manifestó al secretario que de acuerdo a las investigaciones locales el detenido no tenía antecedentes de nada, a lo que recibió como respuesta que le mandara una tarjeta con su fiscal.
Días después Manuel Alonso García salió a defender a Felipe Lomelí Carreón asegurando que ellos “no lo tenían en el radar” como un delincuente, que no había absolutamente nada en la Fiscalía que lo vinculara con algún delito y “debido a esto tuvimos que hacer nuestras investigaciones”, que arrojaron que era un ciudadano de primera: “Trabajador de noche en el Club Campestre, emprendedor porque tiene un negocio de jugos y los fines de semana renta sillas y mesas para eventos”.
La familia de Felipe organizó una conferencia de prensa para defenderlo y lo extraño es que en el evento se colocaron toldos para el sol, se entregó agua a los asistentes para que mitigaran la sed y hasta varios pendones hubo con la imagen del hombre clamando su inocencia.
Es un caso atípico porque cuando una familia que tiene un problema similar, jamás recibe ese apoyo, dan las conferencias de prensa donde pueden, porque lo que más les preocupa es que el familiar salga libre y no hacen tal despliegue de atención para los reporteros.
La jueza le impuso a Felipe prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para investigación complementaria.
Todo esto mientras manifestantes colocaban lonas con la fotografía del imputado afirmando que es inocente y exigiendo su libertad.
La Detención
El caso comenzó con la detención de Felipe el pasado 25 de julio de 2026 durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana: llegaron a su casa en el barrio de San Miguelito, en Jesús María y a pesar de que varias personas intentaron interponerse, los elementos se lo llevaron afirmando que era por posesión de drogas; esto quedó grabado en videos que se hicieron virales en redes sociales.
En un acto público en Jesús María, la gobernadora Tere Jiménez, colocó en altavoz a Omar García Harfuch, para transmitir ante cámaras y manifestantes una gestión directa a su favor de Felipe mencionándole que le iba a mandar videos de las personas que se estaban manifestando.
Posteriormente, durante la mañanera, el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró el contexto de aquella conversación:
La gobernadora le llamó para manifestarle la inquietud “de los pobladores de la zona tras un operativo de cateos realizado por el Gabinete de Seguridad y la FGR, buscaba conocer los motivos del arresto y transmitir que, de acuerdo con la información local, se trataba de una persona inocente, ante esto se le dijo que las investigaciones federales arrojaban datos distintos y la actuación de los agentes del Gabinete de Seguridad se sustentaba en elementos firmes que en las audiencias judiciales la FGR aportaría las pruebas contundentes que demostraban por qué había sido detenido y sostenían su presunta participación en actividades ilícitas”.
El Discurso del Comerciante Ejemplar Frente a la Inteligencia Federal
Mientras a nivel federal la FGR y la Secretaría de Seguridad consolidaban la imputación por delincuencia organizada, las autoridades de Aguascalientes salieron a construir un perfil radicalmente opuesto: La versión de la gobernadora fue según sus propias indagatorias (de la fiscalía), Felipe era un hombre honorable y trabajador del club campestre local, y Manuel Alonso García lo reiteró públicamente a defender que el detenido era un ciudadano respetable sin antecedentes penales, cuyo sustento diario provenía de trabajar en las noches en el Club Campestre, la venta de jugos por las mañanas y la renta de sillas y mesas para eventos los fines de semana.
La contradicción resulta preocupante: las instancias de inteligencia y seguridad estatal proclamaban la inocencia absoluta de un ciudadano que, al mismo tiempo, era objetivo de cateos y órdenes de aprehensión federales basadas en labores de espionaje criminal.
El despliegue logístico que rodeó la defensa de Felipe Lomelí, a diferencia del desamparo y la improvisación que padecen la inmensa mayoría de las familias de víctimas de abusos de autoridad en México, la movilización en torno al “vendedor de jugos del Campestre” mostró un respaldo y una estructura organizativa atípicos.
La protesta no sólo superó la logística del Gobierno de Aguascalientes hasta “obligar” a la gobernadora a marcarle al Secretario de Seguridad federal y presionar a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, sino que contó con convocatoria abierta y profesional a ruedas de prensa, entrevistas “exclusivas” en varios medios de comunicación, infraestructura en la vía pública con instalación de toldos, repartición de agua embotellada e impresos con consignas profesionales, un discurso centrado en apelar a la “voz del pueblo” para proclamar la inocencia del imputado ante la opinión pública antes de que hablara el expediente penal.
Esta capacidad operativa deja sobre la mesa la duda razonable de si se trató de una indignación ciudadana orgánica o si existieron recursos e intereses de fondo impulsando una campaña para descarrilar la acción de la justicia federal.
Pese al entorno mediático, las llamadas telefónicas en vivo y la presión en las calles, el proceso penal avanzó en los juzgados. Al valorar los datos de prueba presentados por la FGR fruto de los cateos e investigaciones de campo, la jueza Yuridia Bello Camacho determinó la vinculación a proceso de Felipe Lomelí Carreón por los delitos arriba mencionados.