Felipe Muñoz Vázquez
Ceguera Institucional
EN LA FISCALÍA General del Estado y en la delegación de la Fiscalía General de la República existe un lugar más oscuro que las propias celdas: el cajón del olvido.
LAS CARPETAS de investigación no sólo acumulan polvo, sino el moho de la negligencia criminal de un Estado que ha decidido que, pasado cierto tiempo, la búsqueda de un ser humano deja de ser una obligación legal para convertirse en una molestia administrativa.
LOS DESAPARECIDOS de larga data sencillamente pasan al olvido institucional, aunque para sus familias esos años sean un dolor constante que no se mitiga con nada y que, lo peor, de ser víctimas las autoridades los revictimizan tanto como pueden.
EL CASO de Sergio de Lara Quezada es la radiografía perfecta de esta infamia. Han pasado 15 años desde aquel 30 de agosto de 2011, tres quinquenios en los que la justicia no ha dado un solo paso hacia adelante, pero sí varios hacia atrás, hacia la criminalización y el desprecio.
LO QUE vive su padre, Sergio de Lara, no es sólo la ausencia de un hijo, es el asedio de un sistema que prefiere culpar a la víctima antes que admitir su propia incompetencia.
ES DE TERROR que, a 15 años de distancia, el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) se atreva a negar el derecho a la reparación integral y a la indemnización bajo el pretexto de un expediente federal viciado.
SE LE ATRIBUYÓ al desaparecido la comercialización de vehículo robado, un delito “sembrado” o fabricado en la época más oscura de la procuración de justicia en el Estado, bajo la tutela de personajes que hoy son sinónimo de tortura y fabricación de culpables.
FELIPE DE Jesús Muñoz Vázquez le escupió en la cara a un padre desesperado cuando acudió a su oficina la segunda vez en busca de respuestas, cuando ocupaba el cargo de procurador y tenía como deporte torturar personas para fabricar culpables: “No busque más a su hijo porque ya está muerto”. Esa frase no fue un diagnóstico pericial, fue una orden de silencio. Fue la confirmación de que, para el aparato de justicia, la desaparición de un joven era un trámite que debía cerrarse a base de amenazas y estigmas.
LA BUROCRACIA utiliza ese mismo estigma para castigar a los que se quedaron. Le niegan el apoyo a un niño que no conoció a su padre, a una familia destrozada, porque oficialmente la víctima “era un delincuente”.
EN LA JUSTICIA al revés se premia la inacción de la Fiscalía con el ahorro de una indemnización y se castiga la persistencia de un padre buscador con la revictimización administrativa.
¿CUÁNTAS CARPETAS más como la de Sergio de Lara Quezada están pudriéndose en los estantes mientras las autoridades presumen “avances” en seguridad?
LOS DESAPARECIDOS de larga data no desaparecieron dos veces; su segunda ausencia es la que el Estado les impone al borrar sus nombres de las prioridades y al ensuciar su memoria para no cumplir con la ley.
EN ESOS resultados y cifras alegres que tanto presume Manuel Alonso García cada vez que puede, también debería dar a conocer los avances de estas carpetas, porque eso de decir que ya llevan el 30 por ciento de avance en el rezago no alcanza para llegar a estas investigaciones que es necesario que se “muevan”. Porque 15 años después de la desaparición de una persona ya es injusticia, y las víctimas no merecen esto.
PEOR, CUANDO el principal sospechoso tiene señalamientos en su contra, como Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, pese a una recomendación de la CNDH y un informe de la ONU-DH sobre tortura de cientos de personas.
Y NO, NO vale que digan que “jamás va a volver a ocupar un cargo”, porque eso no es justicia para las personas a las que les desgració la vida. (BDR).
Líneas de Pobreza
EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualiza las Líneas de Pobreza (LP) correspondientes a junio de 2026, según ámbitos rural y urbano. Estas ofrecen un referente monetario que determina si los ingresos de la población son suficientes para adquirir bienes, servicios y alimentos que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria. El cálculo se realiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El objetivo es establecer un umbral monetario para la medición de la Pobreza Multidimensional (PM) en México.
AUMENTÓ DE manera anual el costo de los productos de la canasta alimentaria en junio de 2026: 3.1% en el ámbito rural y 4.6% en el urbano
LA INFLACIÓN general anual de junio de 2026 fue de 3.4 %, lo que representó una disminución de 0.9 puntos porcentuales respecto a junio de 2025 (4.3 %). Por su parte, la inflación general mensual de junio de 2026 (-0.3 %) disminuyó 0.1 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-0.2 %). Representa el segundo mes consecutivo con una disminución mensual. (Inegi).