Por Benny Díaz
Fátima Gamboa
“La violencia intrafamiliar es el delito más denunciado y menos juzgado con sentencia condenatoria, y no porque a las feministas nos interese que los violentadores vayan a los penales, que no ha sido para prevenir y proteger a las mujeres. La violencia la analizamos y son los motivos por los que están ellas en la cárcel”, manifestó Fátima Gamboa del colectivo Equis Justicia Para Mujeres.
Se supone que esa figura se hizo para proteger a las mujeres, y en “el 99 por ciento de los casos de violencia familiar la víctima es la mujer y los hombres son los generadores de esa violencia, pero si vemos quiénes están en la cárcel, el número es en la misma proporción”.
La activista y abogada dedicada a las causas indígenas y de perspectiva de género, manifestó que es hora de transformar las leyes para que a su vez haya garantía de los derechos de las mujeres, sobre todo en acceso a la justicia.
Puso un ejemplo claro: “Hay un círculo vicioso que tenemos en relación a la corrupción, impunidad e injusticia en México, porque podemos ver que el 68.5 por ciento de las personas considera al poder judicial como que existe corrupción; y el índice de impunidad nos coloca en tercer lugar, además de la opacidad que hay en un sistema de justicia de 190 años y que apenas estamos dando un primer paso para que sea abierta”.
La única forma de avanzar es “visibilizar la problemática general, y es que tenemos datos de que en 2018 sólo uno de cada mil delitos obtuvo sentencia condenatoria; estos estimados surgen de varias bases de datos”.
Lo alarmante es que “el feminicidio ha aumentado y de 10 mil asesinatos, menos del 20 por ciento han recibido justicia. Esto nos dice que hay que mirar la corrupción, no en términos masculinos, porque en el imaginario de las personas se percibe de que quien quiere obtener un beneficio hay que dar billete a otra persona, o también el pacto patriarcal donde no se permite que las mujeres puedan ascender en cargos importantes”.
Pero lo más preocupante para la abogada y activista es que “muchos recursos que están etiquetados para preparar a funcionarios públicos en derechos humanos son desviados y nadie sabe para dónde, debido a los amigos y compadrazgos”.
Se pronunció por la falta de transparencia “de algunos gobiernos en este rubro. Puso como ejemplo a Veracruz, donde desde 2008 a 2017 se destinaron 116 millones de pesos para la capacitación en derechos humanos; lo que arroja que en 2009 usaron 34 millones para eso y al revisar nos encontramos que nadie sabe quiénes impartieron los cursos, tampoco las currículas. Y las mujeres son castigadas con sentencias por no cumplir con su rol de buenas madres, y en donde el 63 por ciento de los casos no concordaban los actos probados con la resolución”.