Alejandra Jazmín González Sandoval:
Por Benny Díaz
Alejandra Jazmín González Sandoval, comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
“En México lamentablemente los delitos no se denuncian, generalmente por la desconfianza que hay hacia las instituciones de impartición de justicia”, declaró Alejandra Jazmín González Sandoval, comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, en el foro virtual sobre justicia abierta como elemento de combate a la corrupción y la impunidad.
González Sandoval mencionó que la justicia abierta es un modelo de gobierno, no una ideología, y que está basado en organismos internacionales para consolidar la legitimidad de la democracia como forma para que el gobierno mejore la confianza de la ciudadanía ante las instituciones públicas.
En materia judicial –dijo-, este modelo parte de ideas políticas transparentes en los tribunales para mejorar el acceso a la justicia sin vulnerar los principios de la judicatura. Esta herramienta permite mejorar la relación con la ciudadanía y transparentar y difundir decisiones judiciales.
Sobre la información que difunden los poderes judiciales, algunos cuentan con demasiados recursos y otros no tienen ni lo indispensable para la rendición de cuentas.
“Los tribunales enfrentan desafíos con grandes cantidades de casos no resueltos por falta de personal, y además, desafíos que pueden ocasionar demoras en los procesos. Si la situación persiste por un largo periodo de tiempo, el problema afecta a sectores de la sociedad”, afirmó.
Es necesario implementar un modelo de justicia abierta que requiere básicamente tres principios: transparencia en la difusión, información a la disposición de la ciudadanía y no sólo el quehacer en la información que utilizan para llevar a cabo actividades de aplauso, sino un acceso a la información con un lenguaje ciudadano claro.
La mayoría de las personas “necesitan un traductor” para leer las sentencias o incluso las iniciativas; por eso es necesario que el lenguaje sea claro, entendible y con transparencia. Para eso se requiere la colaboración de distintas universidades públicas para que realicen las demandas y se haga un intercambio de recursos y puntos de vista ajenos al poder judicial.
Además de que está comprobado que mientras más alta es la participación ciudadana, más democrático es un país. “Sin participación ciudadana la democracia se debilita y pierde representatividad y legitimidad indispensable para la justicia abierta”.
Por eso “la sociedad debe participar de manera directa en el diseño de políticas públicas para mejorar la función pública. A partir de eso, entender las necesidades reales y encontrar solución para fortalecer la democracia y devolver la confianza en las instituciones. Hay que conjuntar esfuerzos para que el modelo de justicia abierta tenga una nueva relación entre el gobierno y los ciudadanos”, finalizó.