“Para Combatirla se Necesita Profesionalización y Ética”
Por Benny Díaz
Los aguascalentenses están a favor de que “la corrupción debe castigarse con penas más severas”
El 57 por ciento de la población aguascalentense está a favor de que “la corrupción debe castigarse con penas más severas, además de que entre las medidas que deben aplicarse para combatirla están la profesionalización y la ética en el servicio público”, dio a conocer en conferencia de prensa virtual Netzahualcóyotl López Flores, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Acompañado de Aquiles Romero González, secretario técnico de la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), presentó los resultados que arrojó la Consulta Ciudadana para la Construcción de la Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, en la que se realizaron dos encuestas: una dirigida a la ciudadanía en general y la otra a académicos e integrantes de colegios de profesionistas del estado.
Romero González aseguró que mediante un cuestionario digital, 3 mil 310 ciudadanos aportaron su punto de vista para el diseño de la política en la materia, superando la participación que se había obtenido en la consulta ciudadana en línea para integrar la Política Nacional Anticorrupción.
El 53 por ciento de los participantes fueron mujeres y el 45 por ciento hombres, con un promedio de edad de 39 años. La totalidad de los municipios del estado participaron en este ejercicio, concentrándose la mayor participación en los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos.
El 62 por ciento reconoció que “ha tenido conocimiento de personas que reciben un salario por parte del gobierno y no van a trabajar (aviadores)”. Asimismo, el 52 por ciento “ha solicitado ayuda a algún conocido, amigo o familiar que es político o trabaja en el gobierno para que les agilice algún trámite”.
El 52 por ciento manifestó su desacuerdo con la frase “me cobran solamente el agua que consumo”. Al mismo tiempo, el 34 por ciento conoce “vecinos que se roban el agua”, pero sólo el 39 por ciento considera que es legal “cortar o limitar el agua al que no paga”.
Al consultarles qué tan grave consideraban que sería si ocurrieran algunas situaciones hipotéticas, un 72 por ciento de los participantes respondió que sería “muy grave” que “al rastro de su municipio se ingresaran animales robados, muertos o enfermos para vender su carne al público”. Esta misma cantidad de participantes consideró “muy grave” que “el uso de suelo de un bosque se cambiara ilegalmente para construir un fraccionamiento”.
López Flores informó que aplicaron un segundo cuestionario entre 140 académicos e integrantes de diversos Colegios de Profesionistas en la entidad, de los cuales un 44 por ciento fueron mujeres y 54 por ciento hombres, con una edad promedio de 44 años. El 86.46 por ciento pertenece a instituciones educativas, un 6.43 por ciento a Colegios de Profesionistas y el 7.14 por ciento a ambos sectores.
Las tres áreas que identificaron como muy afectadas por la corrupción fueron: Seguridad Pública, señalada por un 54 por ciento de los encuestados, impartición de justicia, por un 49 por ciento y programas sociales, por un 40 por ciento.