“Hay Agresiones, Criminalización y Asesinato”
Por Benny Díaz
Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental
“México sigue siendo un país muy peligroso para las personas defensoras del medio ambiente, quienes son víctimas de amenazas, agresiones, criminalización y asesinato, y las acciones del gobierno son insuficientes”, expuso en rueda de prensa virtual Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)”.
Desde el 2012 –dijo–, se han documentado casi 500 agresiones en contra de personas que defienden el derecho a un medio ambiente sano.
“América Latina y el Caribe es una de las regiones más biodiversas del mundo; sin embargo, las economías latinoamericanas son muy dependientes de la extracción de recursos naturales, lo que está generando una acelerada degradación de sus ecosistemas. A este contexto se suma que América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales, México entre uno de ellos”.
A pesar de que México fue uno de los primeros 15 países firmantes, de los 33 países latinoamericanos y caribeños, aún está pendiente su ratificación. A la fecha sólo han firmado 22 países, y tan sólo nueve organizaciones de la sociedad civil que han participado desde la fase de preparación y durante las negociaciones del acuerdo, haciendo aportaciones importantes, como fue el artículo 9, que refiere la protección de personas defensoras. Y, promoviendo la firma del acuerdo por parte de México, urge concluir el proceso de ratificación por parte del Estado mexicano, decisión ahora en manos del Senado de la República, para seguir avanzando en el compromiso que el país tiene con los derechos de acceso en materia ambiental en la región.
Señaló la importancia de pensar más allá de la ratificación e indicó cómo la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú puede ser un parteaguas para el fortalecimiento de la ciudadanía ambiental de colectivos históricamente marginados, como mujeres y jóvenes.
Hizo un llamado a los senadores para cumplir con la responsabilidad histórica que les corresponde en materia de derechos humanos y derechos ambientales, y desde la sociedad civil continúan su compromiso para colaborar con las instancias correspondientes en el impulso a la implementación del Acuerdo de Escazú.