Nissan y el Exgobernador Carlos Lozano Armaron Negocios con Terrenos Donados

Por Mónica Cerbón y Jennifer González

El gobierno de Aguascalientes enca­bezado por el priísta Carlos Lozano adquirió terrenos de tres comunidades para donarlos a la armadora de automó­viles Nissan, entre otros incentivos a la inversión. Sin embargo, la trasnacional vendió esas tierras en 2015, transacción que gestionó un hombre de confianza de Lozano y que sólo fue legal por las modi­ficaciones a la ley que impulsó el entonces gobernador.

Febrero 8, Aguascalientes, Aguascalientes (apro).- En agosto de 2015 Nissan Mexi­cana vendió en 17 millones de dólares los terrenos que el gobierno de Aguascalientes le donó entre 2011 y 2014 para instalar su segunda planta. Reformas legales impul­sadas por el entonces gobernador priísta Carlos Lozano permitieron que personas cercanas a él y la trasnacional recibieran millonarios recursos públicos; a cambio, Nissan prometió generar empleos, pero en los últimos años éstos disminuyeron y sus condiciones son cuestionables.

Fue Armando Ávila Moreno, vicepresi­dente de manufactura de Nissan Mexicana, quien en octubre de 2011 le expuso al go­bierno estatal la intención de invertir dos mil millones de dólares en una nueva planta. A cambio exigió condiciones preferenciales: que se le donaran aproximadamente 500 hectáreas de terreno y se desarrollara in­fraestructura suficiente para dar viabilidad a su inversión.

El gobierno aceptó. Entre 2011 y 2014 adquirió, a través del Fideicomiso de In­versión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE), 523.9 hectáreas de los ejidos Peñuelas, Montoro y Cotorina por un monto superior a 814 millones de pesos, y posteriormente donó 437.84 hectáreas a Nissan Mexicana. El acuerdo del Comité Técnico en el que se aprobó la compra y donación de las tierras, igual que todas las actas de sesión de ese organismo, está clasificado como informa­ción reservada.

Con el argumento de que se generarían tres mil empleos directos, en 2012 el Congreso local autorizó a Lozano para contratar deuda pública hasta por mil 55 millones de pesos. Además de los terrenos, que ya habían comenzado a adquirirse, con la deuda se otorgarían otros incentivos a Nissan y se construiría infraestructura urbana para su nueva planta.

Reformas a la Medida

En 2012 Carlos Lozano envió una ini­ciativa de reforma al artículo 14 de la Ley Patrimonial que le permitiría donar bienes públicos sin solicitar la aprobación del Po­der Legislativo –lo que implicaba negociar con otra fuerzas políticas– ni detallar las condiciones u objetivo específico de las donaciones.

Además del perredista Gilberto Carlos Ornelas, que votó en contra, siete priístas en­cabezados por el diputado Gabriel Arellano dejaron el recinto para abstenerse de votar.

Al preguntarle a Arellano si existió presión del Ejecutivo estatal, relata: “Sí la hubo. Recuerdo muy bien a uno de los diputados que estaba ahí y le habló el jefe de gabinete (Javier Aguilera); lo puso en altavoz: ‘Son indicaciones precisas, no sé qué estás ha­ciendo allá adentro, cabrón. Sales y votas como yo te lo mando’”.

Sin embargo la reforma se aprobó por mayoría con ayuda de la bancada del PAN. A partir de entonces los fideicomisos es­tatales pueden donar inmuebles y bienes públicos sin transparentar las condiciones de la operación.

Gracias a eso Nissan Mexicana pudo ven­der en 17 millones de dólares los terrenos donados. En junio de 2015 la armadora japonesa y su socia alemana, Daimler AG, anunciaron la apertura de una fábrica de automóviles de lujo y constituyeron la empresa Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (Compas), que el 25 de agosto de 2015 pagó a Nissan Mexicana 17.3 millones de dólares (293.6 millones de pesos al tipo de cambio de la época) por 109.65 hectáreas del mencionado terreno.

El convenio entre el gobierno de Aguasca­lientes y Nissan estableció que los recursos públicos entregados a la armadora tenían la finalidad de instalar una fábrica de vehícu­los, pero el FIADE le dio a la trasnacional carta libre para disponer de los predios al incluir en las escrituras una cláusula de donación “sin restricción alguna”.

Al respecto, el abogado fiscalista Marco Ramírez señala que la venta de las tierras y las correspondientes reformas legales son inconstitucionales:

“Todo lo que son bienes del Estado tiene una finalidad y un destino, que siempre va a ser público. Eso es por Constitución (…). El Estado puede tener bienes para el uso privado pero, aunque el uso del bien sea particular, es parte del patrimonio del Estado y se tiene que utilizar para el interés social (…). Si dicen que no hubo un daño al erario, sí lo hubo porque el Estado lo donó y Nissan lo vendió. Ahí se comprueba que (el Estado) lo pudo haber vendido.”

Sobre la venta de tierras a Compas, el experto en derecho corporativo Saúl Favela precisa que no fue ilegal, pero sí una opera­ción poco común entre alianzas corporativas como la establecida entre Nissan y Daimler.

“Por lo menos en la escritura de donación, no hay ninguna restricción. El gobierno del Estado debió justificar por qué está donando y establecer por lo menos alguna condición para que la empresa adquiriente pudiera des­tinar los bienes a los fines que se establecen y no para venderlo”, explica.

Promesa Incumplida

Inicialmente, la armadora rebasó los tres mil empleos que había prometido, pero fueron mal pagados y recientemente ha recortado plazas. Los salarios más bajos de todas las fábricas de Nissan en México son los de Aguascalientes.

En 2015, el titular de la Secretaría de De­sarrollo Económico (Sedee) en el gobierno de Lozano, Raúl Landeros Bruni, reconoció en declaraciones a la prensa la baja calidad de los empleos generados por Nissan y la industria automotriz:

“Es un tema de que tenemos una gran competitividad, de que tenemos mano de obra un poco más económica que otros lu­gares. Si no tuviéramos esos empleos, que si bien pudieran estar un poco mejor pagados, ¿dónde estarían? Probablemente hay quien ni siquiera contaba con ese nivel de pago.”

En Aguascalientes los operadores tienen una jornada de 12 horas, con 35 minutos para comer y otros seis para ir al baño. Quie­nes más ganan perciben nueve mil pesos al mes. Consultado al respecto, un exoperador de la empresa revela:

“La línea arranca a las 7:05 de la mañana. Si tú por algún motivo querías ir al baño a las 7:40, te regañaban. Casi siempre había un líder para cubrir más o menos a 20 personas y para arreglar cosas de la misma línea; era el ‘tráeme todo’. Tú le decías al supervisor que ya de verdad no aguantabas o que estabas malo y no te dejaban. Era tanta la presión que había gente que prefería hacerse del baño en las mismas líneas.”

El Gestor de los Lozano

Los contratos de compraventa obtenidos del Registro Público y los ejidatarios entre­vistados identifican a Juan Antonio Jáuregui Verdín como la persona que gestionó la venta de parcelas al FIADE en 2011.

Un ejidatario de Peñuelas describe la forma en que lo consiguió: “Llegaron con todos los campesinos; andaban como unas 15 personas con él. Visitaron a todos los que tenían tierras. Iban a negociar, los manipulaban. Ellos ponían el precio, uno según negociaba, pero no, y nos exigieron un tanto por ciento para ellos, una comisión. Se fue dando así, en privado, con todos. Nos lavaron el coco. A muchos los obligaron a vender, les decían que los de la orilla ya habían vendido y, ¿cómo iban a pasar a su tierra? Fueron encerrando a la gente porque quedaban en medio, les decían que se iban a tener que comprar un avión para entrar a sus propiedades, los acorralaron”.

Según los contratos de compraventa no­tariados, por cada terreno el FIADE hizo una transferencia bancaria a nombre del vendedor y otra a favor de Jáuregui Verdín, que cobró una comisión de 2.5% del precio por metro cuadrado. El fideicomiso le pagó al menos 19.5 millones de pesos.

Pero oficialmente Jáuregui es un descono­cido. El FIADE respondió a dos solicitudes de información que no tiene registro de con­tratación o pagos por gestoría a su nombre. Sin embargo, entregó una lista de transfe­rencias que reconoce y de las cuales admitió que no conserva respaldo documental, pero en ninguna de ellas aparece Jáuregui Verdín.

Jáuregui no es un desconocido para la familia Lozano. En enero y julio de 2011, meses antes de que gestionara los terrenos para el FIADE, vendió poco más de 20 hectáreas de los predios Corpus Christi y La Campana, contiguos al rancho del gober­nador Lozano, a la esposa de éste, Blanca Rivera Rio Flores.

El conocido de los Lozano volvió a ges­tionar la venta de tierras que Nissan hizo a través del fideicomiso 15053-02-02 en Peñuelas. Pese a ser privado, ese fideico­miso también recibió recursos públicos (39.2 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas estatal) para adquirir un terreno del Instituto de Vivienda y 4.6 millones del FIADE para la compra de otro terreno. Ade­más, el FIADE asesoró a este fideicomiso en la adquisición de más tierras.

Según los contratos de las compraventas realizadas mediante el mencionado fideico­miso de Nissan, Jáuregui Verdín elevó su comisión a 6% del precio por cada metro cuadrado que la compañía compró. En con­secuencia, cobró 3.2 millones de pesos más.

Otro personaje cercano a Lozano que se benefició con esta inversión fue José de Jesús Aguirre Campos. Su constructora, Grupo Profrezac, aplanó los terrenos don­de se construyó la planta A2, trabajos para los cuales el gobierno de Aguascalientes entregó 276.3 millones de pesos a Nissan Mexicana.

El convenio marco firmado entre el go­bierno de la entidad y la empresa el 23 de marzo de 2012 establece los lineamientos para otorgar a ésta recursos públicos. Aun­que la Sedec del actual gobierno, encabeza­do por el panista Martín Orozco, lo reservó a inicios de la administración y hasta 2022, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) resolvió un recurso de revisión presentado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y ordenó en­tregar una versión pública del documento en un plazo que vence después del cierre de esta edición.

Un funcionario de la administración del priísta Carlos Lozano permaneció en la de su sucesor, el panista Martín Orozco: Mario Vega Garza, actual administrador del FIADE. Lo fue también en 2015, cuando además fungió como coordinador jurídico, y en 2012 fue delegado fiduciario del Banco del Bajío en los movimientos realizados por el FIADE. Hasta el cierre de esta edición no accedieron a ser entrevistados Vega Garza ni representantes de Nissan Mexicana.

* Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Inves­tigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS, con ayuda del Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana y el acompañamiento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.