Del año 2000 al 2018
Por Gabriel Soriano
Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora del OVSGA (Foto: Archivo)
“Del número de delitos sexuales, violaciones y delitos de toda índole sexual, el aumento ha sido del 500 por ciento. En cuestión de desapariciones (de mujeres) también, de cuatro a seis que se presentaron en el 2000; el 2018 cierra con más de 730 reportes y denuncias”, informó la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) Violeta Sabás Díaz de León.
En contraste, señaló que la mayoría de las mujeres que tienen reporte de desaparición sí logran ser localizadas y presentadas con vida a sus familiares.
Con lo que respecta a los feminicidios, en el año 2000 se registraron 10 delitos y 2018 se logró cerrar con una cifra similar; sin embargo, no se debe bajar la guardia y se tiene que seguir combatiendo, por lo menos para disminuir la cifra el siguiente año.
Para combatir la violencia que sufren las mujeres, es necesario que no se deje todo el trabajo de prevención a las distintas corporaciones policiacas, sino que distintas instituciones hagan un trabajo transversal para mejorar las cifras el próximo año.
En ese sentido, Violeta Sabás recordó sobre el plan de prevención que se presentó ante el Gobierno Municipal de Aguascalientes en donde, a pesar de que no se tendrá incidencia en la Fiscalía General del Estado, sí buscará tener una prevención, a través de la transversalización de acciones con un enfoque especial en la Policía del Municipio, pues generalmente es la que tiene el primer contacto con los hechos.
“De hecho la Policía Municipal tiene la obligación del llenado del informe policial homologado como primer respondiente ante la comisión, de un hecho probablemente delictivo, y nos dimos cuenta que en muchas ocasiones no se realiza de forma correcta este informe, por lo que es importantísimo que tenga específico las causales y el levantamiento de entrevistas”, señaló Díaz de León.
En ese sentido, aseguró que de no llenar este informe de manera correcta, se tendrá un impacto directo en el proceso de judicialización.