“Es una Situación Compleja y Delicada”
Por Gabriel Soriano
Octavio Jiménez Macías, director general de Coprisea (Foto: Archivo)
Son distintas las situaciones en que se encuentran los anexos, va desde su clandestinidad, la presencia de menores de edad y mujeres embarazadas y hasta la falta de personal capacitado, señaló el titular de la Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Coprisea), Octavio Jiménez Macías.
“Como propietarios no están obligados a tener algún estudio, pero es su responsabilidad tener atención médica, psicológica, psiquiátrica, nutriólogo y médico general. No todos lo tienen, eso a veces es muy difícil que cumplan”, detalló el director general.
Además de ello, aseguró mantener una vigilancia estrecha para evitar aspectos como el hacinamiento, la presencia de menores de edad y el tratamiento de hombres y mujeres dentro de las mismas instalaciones.
“Mujeres y menores de edad no deben estar revueltos (con hombres), sobre todo cuando hay menores actuamos de manera inmediata para sacarlos, para que no sufran situaciones de violaciones o algún tipo de vejación”, comentó Jiménez Macías.
A pesar de estas anormalidades, Octavio Jiménez aceptó que es difícil cerrar un anexo. “Otro problema al que nos enfrentamos es que nos dicen ‘ciérralos’. Pues sí, pero ¿a dónde se va la gente si ni los mismos familiares los quieren. Es una situación compleja y delicada”.
En ese sentido, tal y como ya lo había comentado el regidor del Ayuntamiento de Aguascalientes, Mauricio González López, el Gobierno Municipal se sumará a regular los anexos del municipio para exigir mejores instalaciones.
“Estamos regulando los establecimientos por parte del Municipio, que tengan sus permisos de uso de suelo, sus licencias, todo lo correspondiente. Esto debido a que han habido situaciones muy delicadas, en donde se han colocado en fraccionamientos residenciales, luego se vienen las demandas, las quejas de los vecinos”, señaló Jiménez Macías.
En ese sentido, se buscará que tanto Coprisea como el Gobierno Municipal lo regule según la competencia de cada institución y así, detectar que el lugar no es el adecuado, poder fundamentar una reubicación y presionarlos a mejorar las condiciones en medidas de seguridad.
“No es una situación nada más de nosotros, tiene que entrarle Municipio, tiene que entrar la Fiscalía, derechos humanos, el DIF, tiene que entrarle todo el mundo. Las cuestiones regulatorias no son nada más el problema, los problemas mentales por adicciones son muy delicados y complejos de atender”, finalizó Octavio Jiménez.