“Las Denuncias se Hicieron sin Pensar en Quién iba a ser el Culpable”
Por Gabriel Soriano
Raúl Silva Perezchica, director del IEA (Foto: Archivo)
Durante la última audiencia, Francisco Chávez Rangel, extitular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), aseguró que la inhabilitación es provocada por los subejercicios de la Subdirección de Educación Básica, puesto ocupado en ese entonces por Raúl Silva Perezchica, y que por lo tanto, él también debería estar enfrentando dicha situación.
“Lo he venido diciendo, estoy en la disposición (de comparecer) como funcionario. Están ahí todos los trámites, sé cuándo salí del instituto, tengo mi entrega recepción, si hay alguna situación, soy el primero en rendir cuentas”, declaró Raúl Perezchica, actual titular del IEA.
Hasta el momento, desconoce si ha sido mencionado en algunas de las investigaciones vigentes que lo involucren como responsable.
“Las denuncias que se hicieron en un principio fueron en contra de quienes resultaran responsables y con base en eso salieron algunos nombres. Hasta ahorita yo no he recibido algún citatorio”, detalló Raúl Silva.
Por otra parte, Paco Chávez también aseguró que no le fue notificada la inhabilitación emitida por parte de las autoridades del IEA, a lo que Silva Perezchica aseguró que sí se intentó notificar, pero que no se le localizó en los domicilios otorgados.
“El domicilio que estaba para notificaciones no se encontraba, por lo que la gente no lo pudo hacer y se tuvo que hacer por medio de edicto, que es lo que procede en este caso”, comentó el director.
Además, detalló que existen otros procesos en donde se están revisando las auditorias que en su momento se hicieron.
“Tenemos algunas situaciones de auditorías que se hicieron en su momento, y que al no estar bien solventadas recaen en funcionarios que estuvimos trabajando en esos tiempos en los lugares correspondientes”, señaló.
Por último, con respecto a los 300 millones de pesos destinados para la compra de equipo de cómputo cuando Paco Chávez estaba frente al IEA, informó que ya terminó la investigación. La Universidad Autónoma de Campeche resultó ser la responsable y tendrá que pagar estos 300 millones de pesos al estado.