El Municipio Debe de Regularlos: Mauricio González
Por Gabriel Soriano
Mauricio González López, regidor del Ayuntamiento de Aguascalientes (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
“En los anexos ha habido una probable omisión –para su regulación‒ de las autoridades municipales de varias administraciones”, denunció el regidor presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Aguascalientes, Mauricio González López, quien agregó que ninguna de las comisiones de derechos humanos ha podido hacer algo al respecto, pues esos lugares son de índole privada.
Para que las autoridades municipales puedan entrar a regular las instalaciones, se exigirá que se tenga una licencia de funcionamiento y permisos de uso de suelo.
“Si se hiciera bien ese trabajo, ya tendríamos ubicados a todos, pero la verdad es que no hay ninguno”, aceptó el regidor independiente.
Informó que recientemente, se reunió con Octavio Jiménez Macías, director general de la Comisión Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Aguascalientes (Coprisea), que es la encargada de regular los aspectos de salud, y se habló de la firma de convenios para compartir la base de datos de los anexos y comenzar el monitoreo de dichos lugares.
“Por parte del Municipio les vamos a pedir lo que pedimos a cualquier unidad administrativa, que es su permiso de funcionamiento; si no lo tienen, los vamos a invitar para que lo obtengan. Para que así lo hagan van a tener que sacar su uso de suelo, ir a Protección Civil, y con eso vamos a comenzar a regular automáticamente el tema de los anexos”, detalló González López.
Dijo que, en gran parte de los casos, los internos están ahí en contra de su voluntad, pues los familiares solicitan su ingreso forzadamente; además de que también se tiene conocimiento de casos de tortura y hasta de venta de drogas al interior de los anexos. Sin embargo, aceptó que la problemática de la drogadicción es muy complicada.
“Ya si en el Municipio empezamos a trabajar con temas muy sencillos, del uso de suelo, ya podrían entrar autoridades municipales y podríamos conocer lo que pasa ahí adentro. Ya después podrá entrar la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública; podrá entrar la Unidad Administrativa de Derechos Humanos del Municipio y del Estado”, agregó.
Con ello se abriría la posibilidad de que los responsables de los centros también reciban capacitación en torno al tratamiento de los pacientes, ya que se desconoce si están facultados para llevar tales procedimientos médicos.
‒En dado caso de que hagan omisión de las recomendaciones, ¿se podría clausurar esos centros? –se le cuestionó.
“Sí se puede, pero yo creo que sí van a hacer caso, porque el permiso de funcionamiento no será un tema recaudatorio, son 300 pesos. Se les va a invitar a regularizarse y a los que tengan muchas problemáticas, se les dará tiempo para regularizarse. Es un hecho que no podemos clausurarlos, porque ¿a dónde se irían todos estos adictos? Necesitamos ayudarlos porque necesitamos más centros de rehabilitación, pero que estén profesionalizados”, respondió Mauricio López.
Por último, señaló que será insistente en la próxima administración para que se dé continuidad a dicha iniciativa.