“Es Ambigua e Inconsistente, Llena de Vacíos Legales”
Por Gabriel Soriano
Rueda de prensa del Consejo Coordinador Empresarial (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
La semana antepasada, la Ley de Extinción de Dominio fue aprobada por la mayoría de los diputados federales y por la Cámara de Senadores. En dicha ley se define la extinción de dominio como la pérdida de los derechos de una persona sobre los bienes cuya procedencia no puede acreditarse.
Con esa ley, el Gobierno Federal buscará decomisar objetos, propiedades o productos derivados de ilícitos, como la delincuencia organizada, la corrupción, el encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos y petroquímicos, delitos contra la salud y trata de personas.
Sin embargo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Pedro Gutiérrez Romo, señaló que, aunque sí hay razones válidas para su aprobación, “esta Ley de Extinción de Dominio es controversial, ambigua e inconsistente, además genera incertidumbre en su aplicación, pues son muchas las posibilidades de un supuesto delito”.
En ese sentido, agregó: “En el momento de entrar al análisis de la ley, podemos advertir que se encuentran vacíos, como que el Gobierno podrá confiscar los bienes de un ciudadano antes de que exista la sentencia de un juez; es decir, sin haber sido declarado culpable, alguien podrá perder su casa, por ejemplo, y luego, aunque gane el juicio y se declare su inocencia, ya no la podrá recuperar, ya que, en los artículos 227 y 228 de la ley, se prevé la venta anticipada de los bienes decomisados, sin la sentencia de un juez”.
Por ello, Pedro Gutiérrez declaró que esta ley es violatoria de los derechos humanos, pues no se respeta la presunción de inocencia de los implicados, además aseguró que hay un abuso de la ley y del estado.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Aguascalientes, Juan Fernando Amador Macías, aceptó que dicha iniciativa sí presenta inconsistencias, pues quedan ambiguos los delitos que condicionan el decomiso, ya que se pueden interpretar ampliamente.
“Le van a quitar la armonía a la ciudadanía con el hecho de que lleguen y les sorprendan con que son parte de un delito y que sus bienes van a ser confiscados. Una vez publicada esta ley, van a comenzar los amparos contra ella, porque en realidad deben ser más específicos en la forma y el contenido de cada uno de los artículos”, señaló Amador Macías.
En contraste, aceptó que sí hay lados positivos dentro de la iniciativa, pero que se debe especificar, dentro de una ley reglamentaria, los tipos de delitos por los cuales serán decomisadas las distintas propiedades.