Víctimas de Tortura no Encuentran Trabajo por Estar Estigmatizadas
Por Benny Díaz
Felipe Hinojo Alonso (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
“Llegó el Ministerio Público para que firmara mi declaración y, cuando pedí que estuviera mi defensor de oficio, me dijo que si quería que me bajaran nuevamente a golpearme, le contesté que no y me respondió: ‘Firma y pon tus huellas’. Lo hice sin que me dejaran leer el contenido”.
Así es como recuerda la pesadilla que vivió el expolicía León Serna González, uno más que se une al movimiento de víctimas de tortura en el tiempo en que Felipe de Jesús Muñoz Vázquez era procurador.
Ayer, León Serna presentó su denuncia ante la Fiscalía por tortura, hoy lo harán Jorge Pérez Lozano y Armando Saucedo Ponce, quienes no están contemplados dentro de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y han vencido al miedo, por lo que ahora exigen que se haga justicia y se limpie su nombre, porque están estigmatizados por la sociedad por delitos que, aseguran, les fueron fabricados y por los cuales pasaron años de sus vidas en la cárcel para, al final, salir absueltos.
Lo Vincularon con “La Oficina”
a vida de León Serna cambió el 3 de octubre de 2011, casi a las 8:00 de la noche, cuando se encontraba en la patrulla de Policía Municipal a su cargo, la 2352 “y me comunicaron vía radio con el subcomandante Armando Salazar Márzquez, quien me indicó que me trasladara a las calles de Nieto y andador J. Pani, porque ahí me darían una orden.
Al llegar, había dos unidades, en la primera el subcomandante Márquez, su escolta, el oficial Andrés Moreno y dos elementos de la Policía Ministerial que se encontraban encapuchados y portaban armas cortas y largas”.
El expolicía hace su relato por escrito, porque le es difícil hablar del caso y todavía no vence el miedo, por eso, aunque entregó el documento a esta Casa Editorial, pidió de favor que no se le tomaran fotografías, porque el trauma psicológico es profundo y todavía no sale de todo eso que le sigue atormentando.
En su relato, cuenta: “Se me acercó uno de los ministeriales con un pedazo de hoja de papel y me dijo: ‘¿Tú, cómo te llamas?’ Se lo dije y me dijo que era necesario que los acompañara, ya que me presentaría a una confrontación debido a una detención (que hizo) de robo en días anteriores”.
Lo trasladaron hacia la base Titán y al llegar “observé que se encontraba resguardado por personal del Ejército Mexicano, me indicaron que pasara al edificio donde se encuentra el secretario de Seguridad Pública y observé a los comandantes Andrade y Lucino y me dijeron: ‘Pásale’. Adelante se encontraba un escritorio y en el mismo una persona del sexo masculino de piel clara, traje gris, al cual reconocí, era Felipe Muñoz.
Me preguntó mi nombre y checó unas hojas que tenían una lista, con pluma de tinta color azul, y les dice a los ministeriales: ‘Éste no está, ¿qué hacemos?’ Y uno de ellos comentó: ‘Mételo también’, anotando mi nombre e indicándome que pasara al auditorio”.
Ahí ya estaban otros de sus compañeros a quienes esposaron y luego los llevaron a la Ministerial y “ya adentro nos dijeron que nos despojáramos de todo el equipo policial que portábamos y nos pasaron unas batas quirúrgicas en color verde agua para que nos las pusiéramos y pasáramos al auditorio en donde nos hincaron y esposaron y nos mantuvieron así por cinco horas”.
Serna González cuenta que luego les dijeron que se pusieran de pie y se pusieran contra la pared, acercando unas mesas en donde colocaron todas nuestras pertenencias, un par de radios de comunicación, un arma “y nos voltearon para que los medios de comunicación nos tomaran fotos y video”.
Después de eso los bajaron al sótano, “donde se encuentran las bartolinas (celdas), y ahí nos mantuvieron por varios días sin decirnos el porqué. Al cuarto día nos pasaron a foto para el registro, prueba de voz, huellas dactilares, examen médico y de sangre”.
Al quinto día les llevaron un documento a firmar donde los acusaban de homicidio doloso, por lo que se negó a firmar, al igual que sus compañeros, y entonces llegó la amenaza: “O firman por las buenas o van a firmar por las malas”.
Y, para que lo hicieran, les dijeron que si continuaban negándose no se iban a poder comunicar con sus familiares; luego los llevaron a la casa de arraigo y los iban torturando por grupos.
A León Serna le hicieron prácticamente lo mismo que a todos los demás: bolsa negra en la cabeza, golpes en todo el cuerpo, asfixia y toques eléctricos en genitales; además de presionarlos psicológicamente con que le iban a hacer lo mismo a su familia.
Después de varias “dosis” de todo esto, León se rindió y dijo que sí aceptaba “declarar”; le advirtieron que él formaba parte de “La Oficina”.
Como no podía sostenerse lo ayudaron y llevaron por un pasillo, en donde con la bolsa puesta en la cabeza “escuchaba que manipulaban unas computadoras”.
Los mantenían sin comer y tampoco los dejaban dormir, porque “entraban y salían personas que nos decían: ‘Ya valieron madre, ya se chingaron y si dicen algo de lo que aquí pasó lo van a pagar muy caro ustedes o sus familias’”.
El 27 de octubre León fue trasladado al Cereso junto con varios de sus compañeros, en donde dice que al entrar les dijeron: “Aquí terminó su pesadilla, ya no entran los ministeriales”.
Aún así, durante varios días no pudo dormir, “a pesar de que ya no había golpes, torturas o amenazas y hasta comíamos tres veces al día”.
Estigmatizados y sin Trabajo
Jorge Pérez Lozano, quien actualmente cuenta con 83 años de edad, dice que pasa por una situación muy difícil porque está enfermo y, lo peor, “no puedo conseguir trabajo en ningún lado porque piden carta de no antecedentes penales, y, aunque fui absuelto, está ahí que fui procesado por algo que no hice”.
Jorge era el velador de La Ultima Luna, el antro que es propiedad de Paco Muro y Alejandro Alba, y por eso lo implicaron en el caso del robo diciendo que era cómplice. Entonces tenía 74 años de edad y, a pesar de eso, fue torturado.
“Estuve arraigado un mes y para que dijera que sí conocía a las personas que supuestamente lo habían hecho me pusieron bolsas en la cabeza para asfixiarme, así durante horas y como decía que yo no sabía nada me decían que me moría o iban por mis hijos para hacerles lo mismo”.
El hombre recuerda que era un tipo “güero, alto, el que me hacía la tortura y era por órdenes de Felipe Muñoz”.
Por su edad y el temor de lo que le pudiera pasar a su hijos firmó la declaración, que nunca leyó y luego en el Cereso estuvo por casi tres años hasta que lo absolvieron.
Salió, pero ya no pudo conseguir trabajo en ningún lado, “porque a donde quiera que voy me piden la carta de no antecedentes penales”.
Eso ha hecho que viva como pueda, “vendiendo chácharas en el mercado de San Felipe”; está enfermo y tiene que aguantarse cuando no hay para medicinas.
Perdió todo, hasta el derecho a jubilarse y, a su edad, lo que quiere es que se limpie su nombre, porque “por algo que no hice, ahora ni siquiera puedo aspirar a un trabajo (de velador) donde me den seguro (social) para sobrellevar mis enfermedades”.
Armando Saucedo Ponce fue detenido el 8 de julio de 2014, estaba lavando su camioneta cuando pasó un vehículo con ministeriales, él entró por “unos botes con agua a mi casa, cuando oí rechinar de llantas y entraron por mí. Me sacaron a golpes y me llevaron a la ministerial. Estaba recién operado de la apéndice y mi esposa se los dijo”.
Dice que lo vendaron de los pies hasta la cintura, pero lo golpearon en el resto del cuerpo y lo amenazaron con darle los “toques”, si no decía que era vendedor de droga.
Asegura que le “sembraron” evidencia y la tortura psicológica fue muy fuerte porque le decían que, si no aceptaba todo lo que ellos decían, quien iba a pagar era su esposa y la iban a golpear delante de él.
Días después fue llevado al Cereso, de donde lo absolvieron a los ocho meses, pero entonces ya le tenían otro “regalito”: una acusación por delincuencia organizada, y fue llevado al Cefereso de Veracruz, en donde estuvo por dos años ocho meses.
También fue absuelto, pero ahora tampoco puede encontrar trabajo formal “porque quedamos estigmatizados y en ninguna empresa aceptan a alguien que tiene antecedentes penales, aún cuando hayamos sido encontrados inocentes, es un estigma que tenemos. Yo he tenido que trabajar en ‘la obra’ (de albañil), pero no es justo porque dependen de mí mi esposa y mis dos hijos pequeños”.