Por Patricia Dávila
Felipe Muñoz Vázquez argumenta que los certificados médicos de las personas que se dicen víctimas de los abusos, son falsos (Foto: Archivo/FGR/Cuartoscuro)
Marzo 16, Ciudad de México (apro).- El 26 de noviembre de 2014, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, entonces procurador de Justicia de Aguascalientes, envió un oficio a Sergio Reynoso Talamantes, secretario general de Gobierno:
“Le comunico que, durante el transcurso de esta administración, en múltiples ocasiones se le ha informado de los posibles vínculos que existen entre miembros de la delincuencia organizada, específicamente el grupo radicado en Aguascalientes denominado ‘La Oficina’, y autoridades del Centro de Reinserción Social del Estado”.
En ese documento –del que Proceso tiene copia– se explica: “Derivado de la investigación que llevó a cabo la procuraduría del estado y de la cual tuvo conocimiento y acceso a material video grabado en el que se advierte el vínculo entre Luis Ricardo Benavidez Hernández, director general de Reinserción Social del estado; Juan Carlos Barnola Ochoa, coordinador médico de los servicios médicos de los centros de reinserción, y Manuel González Rodríguez, director del Centro de Reinserción Social, quien se encuentra en activo en la Secretaría de Seguridad Pública”.
Indica que los funcionarios mencionados se encontraban bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, el general en retiro Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien, afirma, no aprobó los exámenes efectuados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“Hasta este momento no se han tomado las medidas necesarias al respecto, a pesar de la delicada información que se le hizo saber (al secretario de Gobierno) en el oficio entregado en su oficina el 12 de noviembre de ese año (2014)”, señala el documento.
En ese oficio del 12 de noviembre –del cual este semanario también tiene copia– Muñoz Vázquez, actualmente subdelegado de Control Regional de la Fiscalía General de la República (FGR), indica que en julio de 2011, en la Agencia del Ministerio Público número siete, se radicó la averiguación previa DGAP/ AGS/10342/07-11 por el homicidio de Jesús Camilo Reyes Gutiérrez, entonces comandante de la policía municipal de Aguascalientes.
Se acusó del crimen a 14 personas, 12 de ellas policías municipales; aunque finalmente se levantó el cargo en contra de tres uniformados: Genaro Macías Zapata, Juan Carlos Zamora Arenas y Salvador Rangel Pérez.
El 12 de octubre de 2011 se remitió copia certificada de la indagatoria al agente del Ministerio Público federal, al advertirse la posible comisión del delito de delincuencia organizada, dado los vínculos que guardaban los inculpados con “La Oficina”, perteneciente al cártel de los Hermanos Beltrán Leyva e Isidro Meza, “El Chapo” Isidro.
Los inculpados son Efrén Lucino Pérez Díaz, Benjamín Andrade Esparza, Javier González Luna, Obet Salinas Antonio, Claudia Verónica Carrillo Vaquera, Daniel Durón Durón, Juan Miguel Melchor Tiscareño, León Serna González, María Luisa Bermejo López, José Becerra Hernández y Pablo Ríos Velázquez, quienes el 26 de octubre de 2011 fueron internados en el Centro de Reinserción Social de Aguascalientes.
Según los documentos, ya en el centro, el médico adscrito, Juan Carlos Barnola Ochoa, reconoció que por instrucciones de Juan Manuel González Rodríguez y Luis Ricardo Benavides –respectivamente exdirector del centro y director general de Reinserción Social del estado– elaboró falsos dictámenes médicos de ingreso en los cuales se registraron lesiones “inexistentes” y se “magnificaron” padecimientos que mencionaron los reos al ser internados.
Su testimonio es acompañado por el de Israel Jonathan Treviño Jiménez, otro médico del centro, a quien no se le aceptaron los certificados médicos porque se negó a alterarlos, como consta en el documento del 12 de noviembre de 2014.
Con base en esos registros, Muñoz Vázquez sostiene que son falsas las acusaciones en su contra que aparecen en la recomendación 17VG/2019 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 10 de febrero.
En ella, personas que se dicen víctimas de detención arbitraria señalan directamente a Muñoz de participar en actos de tortura y abusos sexuales cuando era procurador de Justicia de Aguascalientes (Proceso 2207).
El actual subdelegado de la FGR argumenta que los certificados médicos de las personas que se dicen víctimas de torturas y abusos son falsos.
Añade que en realidad dichas personas pertenecen a grupos delictivos que actuaron en complicidad con autoridades de los centros penitenciarios de Aguascalientes.