“Obligatoria, la Seguridad Social Para Operadores del Transporte Público”
Por Gabriela Jiménez Castañeda
Iván Alejandro Sánchez Nájera, legislador local
No será ya facultad exclusiva del gobernador del Estado la entrega de concesiones para el transporte público, sino que la Coordinación de Movilidad en su conjunto determinará a quienes se les entregará el título de concesión, tema que se incluye en el dictamen de la Ley de Movilidad, aprobado en lo general y particular por parte de los legisladores locales.
Sobre el particular, el secretario de la Comisión de Transporte Público en Congreso del Estado, Iván Alejandro Sánchez Nájera, detalló que si bien el Consejo Consultivo en la materia tendrá la el derecho de opinar, “la facultad de la entrega de las concesiones va a descansar en la Coordinación de Movilidad, que en realidad está subordinada al estado, aunque directamente no será el gobernador”.
Asimismo, el dictamen aprobado otorga la garantía a los operadores del transporte público de contar con la Seguridad Social, es decir, “se enlaza con le Ley Federal del Trabajo (…) se exige el cumplimiento de la normatividad, que habla de horarios, jornadas extras con salario mayor, contrato con el Seguro Social.
Lo que ahora va a ser la obligación de que si los concesionarios no están cumpliendo con otorgarle el Seguro Social a sus operadores, se les va a retirar la concesión”, destacó el legislador perredista.
Respecto a las tarifas, expuso que se determina un porcentaje de descuentos para estudiantes, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad, “del 50 por ciento fijado por la ley, y en un transitorio se aclara que mientras no entre en operación el SITMA (Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes), es decir, la modernización, las tarifas continuarán iguales, es decir el 7.50 pesos y el 66 por ciento de descuento. En cuanto comience la operación del Sistema, la tarifa se adecuaría. El descuento quedaría fijo al 50 por ciento para estos tres sectores”.
Aunado a lo anterior, se señala la exención de pago para aquellos usuarios que representen mayores necesidades, esto subrogado a través de un fondo “de algunos millones de pesos (…) participaría un apoyo directo de Gobierno del Estado, un recurso del dinero electrónico que no se esté usando, algunas etiquetas de multas, el esquema de intereses.
Las áreas de Desarrollo Social, en coordinación con la Coordinación de Movilidad, establecerían a quienes se les aplique”, explicó Iván Sánchez Nájera.
Otro tema que quedó establecida la creación del Observatorio Ciudadano, mismo que está integrado por Universidades, Organizaciones Civiles, usuarios, y por el comisionado estatal de Derechos Humanos este organismo, tendrá la facultad de diseñar los esquemas de denuncias de los usuarios, mismas que podrán presentar ante la Contraloría del Estado, “para el esquema de tarifas, se va a generar un ficha técnica, en donde se especifica cuál es el costo verdadero del transporte, de la operación, para a partir de ahí, generar la tarifa pública, esto por parte del Consejo Consultivo y el Observatorio Ciudadano”, indicó el diputado por el Sol Ateca.
Finalmente, Iván Sánchez Nájera, dijo que la modernización del transporte urbano se proyecta hacia tres años, aunque los primeros cambios serán tangibles a finales del 2018, “una parte importante que se incluye en la Ley de Movilidad, es el acceso a las personas con discapacidad, con todas las mejoras en infraestructura, ahí el plazo se fija en seis años, es decir, en 2022 deben estar adecuados, y por lo menos el 10 por ciento de las unidades deben atender a todos los tipos de discapacidad. Estas unidades circularán por las rutas que pasan por los hospitales y por las clínicas de rehabilitación”.