“Se Debe Contar con un Órgano de Control que Investigue y Resuelva”
José de Jesús Santana García, senador de la República
El senador José de Jesús Santana García presentó dos iniciativas, con el fin de que los órganos internos de control del Congreso y el Senado cuenten con dos instancias: una investigadora y otra que resuelva en materia de prevención, detección, control y sanción de la corrupción.
Con este propósito, propuso modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado, para armonizar dichas normas con los preceptos constitucionales legales y vigentes en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Las iniciativas buscan que las investigaciones y, en su caso, las resoluciones no sean emitidas por una sola entidad, que funja como juez y parte en el procedimiento administrativo.
Santana García explicó que, como parte de los mecanismos de control del Sistema Nacional Anticorrupción, se crearon los órganos internos de control dentro de los entes públicos, responsables de asegurar con el apoyo de unidades especializadas y el establecimiento de líneas de responsabilidad, que su institución cuenta con un control interno apropiado.
Señaló que la figura de la Contraloría Interna evolucionó a una nueva y robusta denominación: el Órgano Interno de Control, que no cambió solo en su definición sino en materia de competencia.
“El Senado como cuerpo legislativo federal debe de ser ejemplo en el cumplimiento de esta y cualquier legislación vigente, sobre todo tratándose de normas referentes al combate a la corrupción” El Senado, además, debe aprobar la iniciativa antes de que termine el periodo ordinario para facilitar la función de los Órganos Internos de Control y se cuente con dos instancias, la que investiga y la que resuelve, dijo.
Con lo anterior, agregó, se cumplirá con los preceptos constitucionales establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como con los tratados internacionales que México ha suscrito para el debido proceso en todos los casos, no sólo en materia penal, sino también en materia administrativa.
Las iniciativas se turnaron a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.