“Que no se Permita la Impunidad Contra la Administración de la Justicia”

Miguel Romo Medina, senador de la República
El senador Miguel Romo Medina señaló la necesidad de reorientar el trazo legal que desde hace muchos años tiene el orden orgánico del Poder Judicial, a fin de garantizar a los servidores públicos imputados, un enjuiciamiento a la altura del debido proceso democrático y no se permita la impunidad de conductas que atentan contra la administración de la justicia.
Al presentar el dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el legislador por el estado de Aguascalientes manifestó que esta reforma encuentra anclaje en la intención de separar la facultad de investigación y la facultad de tramitación del proceso administrativo de distintas instancias.
Lo anterior, destacó, es acorde con el nuevo sistema nacional de anticorrupción y toma en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 8 y 9 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
De ahí, que con la presente reforma se consolida el camino del respeto al debido proceso en México, preocupación permanente del Senado de la República, consideró Romo Medina.
Dijo que los senadores del PRI están convencidos que a través de la reforma a la citada ley orgánica, se establecen mecanismos idóneos y proporcionales que permiten prevenir y desalentar estas conductas negativas que puedan presentarse en el ambiente laboral del Poder Judicial de la Federación.
De esta forma, abundó, se beneficia a la administración de la justicia, a la sociedad que exige profesionalismo y se envía un mensaje enérgico y directo del Estado mexicano en defensa principalmente de las mujeres.
Enseguida, Miguel Romo comentó que este dictamen presentado por las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos ante este Honorable Pleno, se construyó sobre dos pilares fundamentales: El primero, el interés por generar un marco integral en nuestro orden jurídico nacional, que favorezca el respeto al debido proceso en los procedimientos administrativos sancionadores, instaurados contra funcionarios de carrera judicial y de áreas administrativas en el Poder Judicial de la Federación, lo que permite a su vez, una adecuación al sistema nacional anticorrupción.
Mientras que en el segundo, indicó el senador priísta, se expresa la preocupación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, expuesta a través de su presidente, de velar por el desempeño de excelencia de quienes integran, tanto la carrera judicial, como quienes auxilian en esa noble tarea y la protección de la dignidad, particularmente la de las mujeres al interior del Poder Judicial de la Federación.
Ello, precisó Romo Medina, reconociendo la trascendencia de tipificar y sancionar conductas ilícitas, como el acoso sexual, en los órganos que lo integran, dada la exigencia constitucional que tiene el Poder Judicial de velar porque todas y todos los servidores cumplan con los principios constitucionales de excelencia y profesionalismo en el desempeño que moldean en el servicio para impartir justicia.







