Detención y Cárcel Para Quien las Viole, Propone Gutiérrez Ruvalcaba
Por Benny Díaz
Nancy Jeannette Gutiérrez Ruvalcaba
Con el objetivo de blindar la seguridad de las víctimas de violencia y evitar que las medidas cautelares se conviertan en “papel mojado”, la diputada Nancy Jeannette Gutiérrez Ruvalcaba presentó este lunes dos iniciativas de ley diseñadas para establecer mecanismos de respuesta inmediata y consecuencias punitivas severas ante el quebrantamiento de órdenes y medidas de protección.
“El paquete legislativo busca atender una de las principales fallas del sistema de procuración e impartición de justicia: la falta de herramientas coercitivas e institucionales para actuar de manera expedita cuando un agresor ignora las restricciones dictadas por un juez o por el Ministerio Público”, manifestó la congresista.
La primera iniciativa contempla modificaciones al Código Penal del Estado de Aguascalientes, orientadas a tipificar como delito el incumplimiento de las órdenes y medidas de protección.
Actualmente, cuando un agresor “se aproxima a la víctima, la intimida o rompe el perímetro de restricción fijado por la autoridad, los vacíos normativos en ocasiones impiden una detención inmediata o derivan únicamente en sanciones administrativas menores; con esta propuesta, el quebrantamiento voluntario y directo de una medida restrictiva acarreará sanciones penales, abriendo la puerta a penas de prisión y a la detención preventiva del infractor.
“Las órdenes de protección no pueden seguir siendo una simple advertencia en papel, quien decida violar una restricción impuesta por las autoridades para salvaguardar a una persona en riesgo debe saber que enfrentará consecuencias penales de forma directa e ineludible”.
La segunda iniciativa propone adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, enfocándose en la coordinación operativa y la cadena de mando institucional.
La reforma busca establecer como obligación legal que cualquier autoridad –incluyendo corporaciones de policía preventiva municipal, estatal y cuerpos de auxilio– que tenga conocimiento o detecte indicios de una posible infracción a una orden de protección, reporte el hecho de manera inmediata y sin dilación al Ministerio Público.
“Este protocolo busca eliminar los cuellos de botella burocráticos y la falta de comunicación entre las fuerzas de seguridad y la Fiscalía General del Estado, permitiendo que la representación social tome el control inmediato del caso, ordene el reajuste de las medidas de seguridad, active el auxilio de la fuerza pública o inicie el procedimiento penal correspondiente antes de que la escalada de violencia culmine en un hecho irreversible”.
Las propuestas responden a una exigencia recurrente de organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos, quienes han señalado de forma constante que la falta de supervisión y la ausencia de sanciones ejemplares motivan a los generadores de violencia a reincidir y acercarse a sus víctimas impunemente.