Es Dimitido del Ministerio Sacerdotal
Por Benny Díaz
Juan Antonio Ávila Salas
Pese al secretismo con el que la jerarquía eclesiástica local intentó mantener el caso reservado exclusivamente para la estructura clerical, un documento interno emitido por el Obispado de Aguascalientes confirma la dimisión definitiva del ministerio sacerdotal de Juan Antonio Ávila Salas, acusado de atentados al pudor, violación equiparada y corrupción de menores en perjuicio de dos monaguillos en la capilla de San Martín de Porres.
La notificación oficial, fechada el 9 de junio de 2026 y dirigida de manera estricta a todo el presbiterio de la diócesis, revela que la expulsión del clérigo ocurrió tras la conclusión de un proceso administrativo penal ordenado directamente desde la Ciudad del Vaticano por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Hay quienes confunden qué es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y creen que es una facultad del obispo, pero en realidad es el organismo de la Santa Sede encargado de promover y proteger la doctrina católica sobre la fe y la moral. Su misión está definida en el artículo 69 de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium:
“Ayudar al romano pontífice y a los obispos a proclamar el Evangelio en todo el mundo, promoviendo y tutelando la integridad de la doctrina católica sobre la fe y la moral, sobre la base del depósito de la fe y también buscando una comprensión cada vez más profunda de esta ante los nuevos interrogantes”.
En otras palabras, este Dicasterio vela para que las enseñanzas oficiales de la Iglesia permanezcan fieles al Evangelio y a la tradición apostólica, al mismo tiempo que ayuda a responder a los desafíos culturales, científicos, sociales y éticos de cada época.
Así como ocurrió con Porfirio Galindo Álvarez, del que no se sabe con exactitud el motivo de su separación del sacerdocio, en el caso de Juan Antonio Ávila Salas la causa es pederastia.
El comunicado eclesiástico, suscrito bajo la carátula de “notificación para conocimiento y uso del presbiterio”, formaliza la pérdida del estado clerical del acusado tras desahogarse las etapas del juicio canónico instruido en su contra por delitos sexuales contra menores.
Según lo expuesto en la circular interna, el procedimiento se desarrolló conforme a las normas del Derecho Canónico para los delicta graviora (delitos graves) y contó con el aval del máximo órgano del Vaticano encargado de sancionar los abusos cometidos por miembros del clero:
“Quiero compartir a todos ustedes, que el P. JUAN ANTONIO ÁVILA SALAS, ha sido dimitido del ministerio sacerdotal. Esto después de haberse realizado un Proceso Administrativo Penal, mandado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Este Proceso se desarrolló conforme las normas establecidas por la Iglesia, y ha sido validado, en todas sus fases, por ese Dicasterio”.
Con esta determinación, la Iglesia católica desvincula formalmente a Ávila Salas de la diócesis de Aguascalientes, prohibiéndole de manera absoluta el ejercicio de cualquier función de culto, administración de sacramentos o representación pastoral, remitiéndolo al estado laical.
El documento revelado muestra el manejo de la información hacia la comunidad de creyentes y la opinión pública. A pesar de la gravedad de los hechos ocurridos en la capilla de San Martín de Porres, la diócesis instruyó ocultar temporalmente la resolución a la feligresía.
En el texto distribuido entre los sacerdotes de la entidad se lee explícitamente: “De momento, esta noticia es para conocimiento exclusivo del presbiterio, llegado el momento, desde este Obispado se podrá comunicar al resto de los fieles católicos”.
El comunicado cierra con una advertencia en mayúsculas: “Para conocimiento y uso del presbiterio. NO PARA PUBLICARLO NI DIFUNDIRLO”.
La postura de la cúpula eclesiástica local se centró en pedir a los sacerdotes “orar por este hermano nuestro y por otros que atraviesan situaciones complejas”, además de exhortarlos a “seguir custodiando el don del sacerdocio”. Lo firma el obispo Juan Espinoza Jiménez, dejando en segundo plano el daño causado a las víctimas y sus familias en la capilla de San Martín de Porres.
Mientras el fuero eclesiástico dio por cerrado el expediente con la pérdida del estado clerical, en el fuero civil la situación del procesado se mantiene pendiente de resolución en los tribunales del Estado de Aguascalientes.
Como lo dio a conocer el fiscal Manuel Alonso García, el exsacerdote ha evadido su ingreso a prisión mediante la interposición sistemática de juicios de amparo. La defensa legal del imputado ha encadenado recursos ante la justicia federal para suspender de forma provisional cualquier mandato de captura por el delito de pederastia.
La Fiscalía General del Estado ha sido enfática en que no habrá impunidad y que se mantiene a la espera de que los magistrados del Poder Judicial determinen el estatus del pederasta para que se gire la orden de aprehensión.
En cuanto se agoten o desechen los amparos pendientes tramitados por la defensa del acusado, las fuerzas policiales procederán a su inmediata detención para ponerlo a disposición de un juez de control y lograr su traslado a un centro penitenciario.