¿Por fin Será Encarcelado?
Por Benny Díaz
Juan Antonio Ávila Salas (Foto: Facebook Diócesis de Aguascalientes/ Correo Diocesano)
La fe de dos niños y de toda una comunidad fue pisoteada de la forma más vil y perversa al interior de la capilla de San Martín de Porres, ubicada en la Colonia Industrial, donde se supone debe reinar la paz y el consuelo espiritual. La podredumbre se alojó durante tres largos años.
El sacerdote Juan Antonio Ávila Salas convirtió el altar en un escenario de pesadilla para dos monaguillos de apenas 12 años de edad, quienes fueron víctimas sistemáticas de agresiones sexuales durante los años 2022, 2023 y los primeros meses de 2024.
Ataques que devinieron en denuncias formales por los delitos de atentados al pudor, violación equiparada y corrupción de menores. Tres crímenes cometidos por quien utilizaba el ropaje sacro para infundir confianza en las familias e imponer silencio a sus víctimas.
El Obispado lo Expulsó, Pero la ley lo blindó
Cuando el escándalo estalló, gracias a que la foto del sacerdote con tan oscuras tendencias fue expuesta en una marcha feminista exhibiendo no sólo su rostro, sino su delito, y las familias afectadas rompieron el silencio, la Iglesia Católica reaccionó en el terreno eclesiástico. En mayo de 2024, el Obispado de Aguascalientes procedió a retirar de manera inmediata a Ávila Salas de cualquier servicio pastoral y del ejercicio del ministerio sacerdotal. Juan Espinoza Jiménez le quitó el micrófono, la estola y la iglesia.
Sin embargo, en las instituciones del fuero común, la impunidad encontró una rendija por donde colarse.
En 2025, el cura acusado interpuso un amparo indirecto argumentando una supuesta “violación a sus derechos humanos” durante el proceso. La respuesta del Poder Judicial resultó una bofetada colosal para la sociedad: se le concedió llevar el juicio en libertad.
Durante más de un año, la indignante paradoja se mantuvo vigente. Mientras dos menores de 12 años cargan con las secuelas psicológicas y traumáticas de la violación y los abusos, el presunto agresor paseaba tranquilamente por las calles. Su único “castigo” transitorio consistía en ir a estampar una firma cada dos semanas ante el juzgado, prometer no salir del estado y no acercarse a las víctimas. Un privilegio vergonzoso que disfrazaba la gravedad de los delitos cometidos contra la infancia.
El manto de impunidad procesal parece haber llegado a su fin. En la reciente resolución de un nuevo juicio, las autoridades judiciales competentes determinaron negarle de manera definitiva el amparo a Juan Antonio Ávila Salas.
Con la caída de este recurso, las medidas cautelares laxas que le permitían andar suelto perdieron total validez y efecto legal. El presbítero carece de cualquier protección o salvoconducto jurídico. La ley ya no puede ser refugio de quien destrozó la inocencia de dos menores.
Si hoy Juan Antonio Ávila Salas continúa caminando libre, la responsabilidad ya no recae en la Iglesia, que lo apartó desde hace más de dos años, sino de manera directa e ineludible en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Aguascalientes. De no ejecutarse de inmediato la prisión preventiva, la complicidad ya no será religiosa, sino institucional.
Cero Tolerancia
La postura debe ser contundente y sin medias tintas: ningún abusador sexual, y absolutamente ningún clérigo, puede ser protegido ni tolerado en nuestra sociedad.
Que alguien pretenda parapetarse en una sotana, en un cargo religioso o en el prestigio de una institución, sea de la religión que sea, para abusar de la infancia es un agravante moral que repugna a la ciudadanía.
Quien traiciona la confianza de la comunidad y utiliza la fe como trampa para ultrajar niños debe recibir el peso completo de la ley, sin privilegios, sin consideraciones especiales y sin amparos que dilaten lo inevitable.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Aguascalientes, y considerando la acumulación de delitos por atentados al pudor, violación equiparada y corrupción de menores en contra de dos víctimas de 12 años, las penas sumadas para Juan Antonio Ávila Salas alcanzarían de 30 a 35 años de prisión en total.
Las familias de la colonia Industrial y la sociedad de Aguascalientes exigen ver el rostro de la justicia. Las medidas cautelares caducaron, el amparo se derrumbó y el delito clama castigo.
El sitio de un sujeto acusado de destruir la vida de dos niños no es la calle ni la comodidad de un hogar firmando cada quince días: su sitio es una celda en el penal. La ley tiene la palabra y la obligación inmediata de actuar, sin tregua, sin complacencias y sin más dilaciones.