Boletín de la FGE.
La Fiscalía General del Estado, a través del trabajo coordinado entre el agente del Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigación Criminal, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Esteban “N” y Tania “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de robo calificado y privación ilegal de la libertad, en agravio de una persona adulta mayor.
De acuerdo con los datos de prueba expuestos durante la continuación de la audiencia inicial, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Doctor Jesús Díaz de León, en la Zona Centro de la ciudad. Presuntamente, los imputados ingresaron presuntamente al inmueble luego de amedrentar a la víctima con un arma de fuego, con el propósito de apoderarse de sus bienes.
Una vez dentro de la vivienda, los señalados habrían privado de la libertad a la persona afectada al inmovilizarla, para posteriormente sustraer diversa joyería, relojes y dinero en efectivo, consumando el robo mediante el empleo de violencia.
Tras la denuncia de los hechos, el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y ordenó la práctica de diversas diligencias encaminadas al esclarecimiento de lo ocurrido y a la identificación de quienes participaron en la comisión del ilícito.
Como parte de las investigaciones, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) desarrollaron labores de inteligencia, análisis y trabajo de gabinete, mediante las cuales obtuvieron elementos de prueba que permitieron robustecer la investigación y sustentar la imputación presentada ante la autoridad judicial.
Con base en los datos de prueba aportados por la representación social, el Juez de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de Esteban “N” y Tania “N” por los delitos de robo calificado y privación ilegal de la libertad, al considerar que existen elementos suficientes para presumir su probable participación en los hechos.
Asimismo, la autoridad judicial impuso a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con la integración de mayores elementos que permitan el adecuado desarrollo del proceso.