Se Afecta Directamente a Grupos más Vulnerables, Advierten
Por Benny Díaz
Esmeralda Bañuelos Zendejas y Mónica Mendoza Padilla (Foto: Francisco Javier Sosa Ordoñez)
El Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas, A.C., encabezado por Esmeralda Bañuelos Zendejas y Mónica Mendoza Padilla, levantó la voz para protestar ante el magistrado Benjamín Rubio Chávez, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), “por el despido injustificado de 43 profesionales del área ocurrido el pasado 23 de junio”.
En conferencia de prensa manifestaron que, si bien 18 especialistas ya fueron reinstaladas, aún permanecen 25 trabajadoras en la incertidumbre y total vulnerabilidad laboral: “Esta situación es calificada como un agravio severo, especialmente porque muchas de las afectadas cuentan con años de trayectoria y están a las puertas de su jubilación”.
Desplazamiento Profesional y Perfiles Improvisados
Las representantes de las trabajadoras sociales en Aguascalientes señalaron con preocupación que los espacios dejados por las especialistas fueron ocupados por personal que carece de la formación académica y el perfil técnico necesario para desempeñar esta labor.
“El Trabajo Social en el ámbito jurisdiccional no es una labor administrativa ni accesoria; es una disciplina científica fundamental que dota de perspectiva social a la defensa pública. Prescindir de peritos calificados no sólo precariza el empleo, sino que golpea directamente a los grupos más vulnerables que dependen de una defensa pública de calidad”.
Ante esta violación sistemática a sus derechos, el Colegio presentó tres demandas centrales al Instituto: reinstalación inmediata e incondicional de las 25 profesionales restantes, respetando su antigüedad y derechos adquiridos; cese al desplazamiento profesional, garantizando que los cargos sean ocupados exclusivamente por personal con acreditación académica en Trabajo Social; y la instalación de una mesa de diálogo con la dirección general para revisar los criterios que motivaron estos despidos.
Esmeralda Bañuelos y Mónica Mendoza reafirmaron que el Colegio permanecerá “en total solidaridad con sus agremiadas, el Trabajo Social es indispensable para el debido proceso y la protección de los derechos humanos, no daremos marcha atrás hasta que se logre una resolución favorable que dignifique la profesión y asegure el sustento de quienes han dedicado su vida al servicio de la justicia social”.