En Aguascalientes la Justicia es Selectiva y Discriminatoria: Erick Romani
Por Benny Díaz
Samantha Jennifer Fierro Delgado lleva siete años presa “por un delito que no cometió” (Ilustración: CIMAC)
“El caso de Samantha Jennifer Fierro Delgado, quien lleva siete años privada de su libertad por un delito que no cometió, ha escalado a niveles de una crisis de derechos humanos en Aguascalientes, en donde también está la desaparición de su hija Victoria, nacida dentro del Cereso Femenil y cuyo caso sigue sin resolverse”, manifestó Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), a través de un video en el que también participó Erick Romani Vázquez, pareja de Samantha y padre de esa bebé.
A tres años del nacimiento de Victoria dentro del Cereso femenil, en condiciones de abandono y sin atención médica, su paradero sigue siendo un misterio.
Erick Romani, quien también denuncia haber sido víctima de tortura, reiteró una vez más que “la Fiscalía ha intentado construir una verdad histórica alejada de la realidad, alegando que la bebé nació sin vida. Sin embargo, tras realizar meta-peritajes con especialistas externos, se detectaron irregularidades graves: la propia necropsia de la Fiscalía registra hematomas y lesiones con signos de vitalidad en el cuerpo de mi bebé. Si hubiese nacido muerta, no tendría lesiones. Se necesita un corazón latiendo y presión sanguínea para que se produzcan esos hematomas; mi bebé nació con vida”.
Uno de los señalamientos más graves recae sobre el actual fiscal, Manuel Alonso García, porque según el testimonio de Erick Romani, Alonso García es corresponsable de las violaciones ocurridas, ya que durante su gestión como secretario de Seguridad Pública Estatal él era el mando supremo de los Ceresos.
En la Fiscalía han pasado de revictimizar a Samantha desde 2024 al afirmar falsamente que recibió atención de primer nivel, cuando en realidad sólo fue atendida ocasionalmente por una dentista, a declarar en septiembre de 2025 que la investigación está por concluir sin hallar irregularidades: “Es un grave conflicto de interés; Manuel Alonso era el responsable de los centros cuando ella dio a luz en una celda, eso no es protocolario, doctor”, manifestó Erick Romani.
El caso, que ya se encuentra en proceso para ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “luego de que intentamos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo analizaran de manera imparcial, pero no les interesó, lo desecharon y ante ese muro de opacidad en el estado es que ya nos fuimos a instancias internacionales, en donde se están exponiendo todas las fallas sistemáticas que se han tenido, pero sobre todo que ese caso lo han hecho a un lado tanto el vicefiscal, con quien Erick Romani se ha entrevistado tres veces, como Manuel Alonso García, con quien ha hablado sobre el tema en dos ocasiones y nada avanza”.
Lo que se está exponiendo ante la CIDH es la negativa pericial porque la Fiscalía y el Centro de Justicia para Mujeres han rechazado en tres ocasiones la exhumación, negando la participación de peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes buscaban intervenir dada la gravedad del caso y que son los mismos que participaron en el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
El ocultamiento de pruebas, porque se han negado fotografías digitales de la necropsia de Victoria, entregando solo copias borrosas e incompletas, impidiendo un análisis científico real.
Dictámenes genéticos cuestionados, porque la “prueba reina” de la Fiscalía en el dictamen de genética que vincula a los padres con el cuerpo entregado, carece de la tabla de alelos indispensable para su validación externa y no cuenta con cadena de custodia adecuada.
“Ante la evidente parcialidad y el ‘contubernio’ entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía”, las víctimas y el OVSG exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.
Erick Romani fue tajante: “En Aguascalientes, la justicia es selectiva y discriminatoria. Esa frase de que ‘quien la hace la paga’ es mera mercadotecnia y palabras vacías”.
Mientras que Mariana Ávila volvió a hacer uso de la palabra y aseguró que el Observatorio “no dejará de nombrar a los funcionarios omisos y cómplices, exigiendo la verdad sobre el paradero de Victoria, la libertad de Samantha y la rendición de cuentas de un aparato estatal que, hasta hoy, se ha dedicado a proteger su propia impunidad por encima de la vida y los derechos humanos”.