“Diputada de León Desconoce Realidad de Mujeres Privadas de su Libertad”
Por Benny Díaz
Mariana Ávila Montejano
Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), lanzó una crítica contra la diputada Lucía de León Ursúa, acusándola de utilizar la tribuna parlamentaria para revictimizar a quienes padecen la crisis de seguridad y corrupción dentro de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) del estado.
La controversia se debe a las declaraciones de la legisladora, quien puso en tela de juicio los reportes de extorsión y abusos en los penales bajo el simplista argumento de que “no se presentan pruebas” o denuncias formales ante las instituciones. Para el activismo feminista y de derechos humanos, esta postura no solo es indolente, sino que refleja un profundo desconocimiento de la ley y de la realidad que viven las mujeres privadas de su libertad.
Ávila Montejano, en entrevista telefónica, fue tajante al señalar la “indignante” postura de la diputada, quien pretende que las víctimas, personas en una situación de subordinación total frente al Estado, realicen el trabajo que por ley le corresponde a la Fiscalía y a la propia Secretaría de Seguridad Pública.
“Es indignante que desde la tribuna se pretenda desacreditar a las víctimas porque no presentan pruebas. Diputada Lucía de León Ursúa: investigar delitos es obligación de las autoridades, no de quienes los padecen”.
La activista explicó que exigir pruebas a una interna que denuncia extorsión es una forma de violencia institucional, ya que se ignora el miedo a las represalias y la estructura de poder que impera en los Ceresos. Señaló que son los familiares quienes hacen público lo que ocurre, pues al estar privados de su libertad los internos están impedidos para tener acceso a otras personas.
Deben ser sus seres queridos quienes hablen por ellos, y esta diputada sale con que “si el Estado no ve la prueba, el delito no existe y por eso la negación de la existencia de problemas sistemáticos que el Estado tiene la obligación de erradicar”.
Mariana Ávila manifestó que es inadmisible que un representante popular, cuya labor principal debería ser la fiscalización y la protección de los derechos humanos, actúe como un filtro inquisidor que desacredita los señalamientos ciudadanos para proteger la imagen de la administración penitenciaria.
“Nadie debería utilizar un cargo público para poner en duda a las víctimas. Basta de revictimización; la soberbia de exigir ‘denuncias en mano’ para validar un problema social sólo sirve para perpetuar el silencio y la impunidad. Para el Observatorio, la diputada está incumpliendo con su responsabilidad al centrar su energía en cuestionar la veracidad de los testimonios en lugar de exigir cuentas claras a quienes administran el sistema penitenciario en Aguascalientes”.
La directora del OVSG instó a la legisladora a dejar de actuar como juez de las víctimas y comenzar a comportarse como contrapeso político.
El señalamiento fue claro: si existen múltiples voces que alertan sobre cuotas y extorsiones dentro de los muros de los penales, el deber de la diputada es promover auditorías, inspecciones y comparecencias de los mandos de los Ceresos, no cerrar los ojos ante el problema.
“Si existen señalamientos de extorsión, corresponde al Estado esclarecerlos y erradicarlos. Cumplan con su responsabilidad”, concluyó.