Deben Tener Permiso en Regla y Personal Capacitado, Señala
Por Benny Díaz
Manuel Alonso García (Foto: Francisco Javier Sosa Ordoñez)
El fiscal general del Estado, Manuel Alon- so García, cuestionó que ocurran robos en fraccionamientos privados con seguridad propia, como el ocurrido en el Coto San Nicolás, donde delincuentes obtuvieron un botín de cinco millones de pesos en efectivo y joyas al saquear una residencia.
El funcionario reveló que las primeras indagatorias, apoyadas por el seguimiento de cámaras del C5i y sistemas privados, sugieren que los delincuentes contaban con información precisa sobre los movimientos de las víctimas, aprovechando que estas habían salido de viaje el fin de semana.
Alonso García fue enfático al señalar la corresponsabilidad de las empresas de seguridad privada y las mesas directivas de estos residenciales. Cuestionó cómo es posible que ocurran incursiones en lugares que cuentan con acceso controlado, por lo que instó a los habitantes a exigir que las empresas contratadas cuenten con todos los permisos estatales vigentes y personal debidamente capacitado, y señaló que el patrón delictivo sugiere la operación de bandas foráneas que vienen de otros estados específicamente a realizar estos atracos en viviendas de alto valor.
Violencia Familiar
En cuanto a un grave episodio de violencia familiar, ocurrió el pasado domingo en el fraccionamiento Villa Montaña, en que una mujer apuñaló a su pareja y ésta ocasionó un incendio en el que ella sufrió quemaduras leves, aseveró: “Estamos ante un caso de violencia intrafa- miliar extrema, una consecuencia de la pérdida de valores en ciertos núcleos familiares.
La prioridad de la institución fue el interés supe- rior de la infancia.
Al momento del reporte, dos menores de edad que se encontraban en el domicilio fueron rescatados y puestos bajo el resguardo inmediato del DIF Estatal”.
Actualmente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar, declaró, mantiene una investigación abierta para deslindar responsabilidades penales, mien- tras los niños permanecen bajo protección institucional.
Duda de Robo y Privación de la Libertad
Sobre el reporte de una persona que ase- guró haber sido despojada de su vehículo en la carretera federal 45 sur, encajuelada y tirada en el monte la noche del lunes, Alonso García advirtió que existen “serias inconsistencias” en el testimonio de la pre- sunta víctima.
Aunque la Unidad de Robos está trabajando en el lugar de los hechos y analizando la logís- tica de la ruta mediante cámaras de vigilancia, el fiscal evitó confirmar el evento como un hecho consumado de privación de la libertad.
“Nosotros estamos verificando la versión, pero hay detalles que no coinciden con los registros tecnológicos; esperaremos a que la víctima aclare estos puntos antes de de- terminar la naturaleza real del incidente”.
Avances
Manuel Alonso aseguró que la Fiscalía ha logrado avanzar en un 35 por ciento en el rezago durante el último año.
Este logro se debe a la sistematización de procesos y al fortalecimiento de la Unidad de Mediación.
Esto se traduce en que actualmente, el 70 por ciento de los casos que permiten meca- nismos reparatorios se resuelven mediante la mediación, lo que evita la saturación del sistema judicial y ofrece una reparación del daño más rápida para las víctimas.
En cuanto a los fraudes financieros cono- cidos como estafa Ponzi y Next Energy, el fiscal negó que los casos estén estancados y Aseguró que existe una orden de aprehen- sión pendiente de cumplimentar.
Sobre las denuncias por reventa y engaños en el boletaje del Palenque de la Feria de hace dos años, la FGE está por determinar si los hechos encuadran en un tipo penal específico para proceder legalmente o archivar el expediente.
Respecto a procesos contra exfunciona- rios, indicó que el Fiscal Anticorrupción sigue trabajando en carpetas judicializadas, aunque por el momento no se han emitido nuevas órdenes de aprehensión.
Finalmente, destacó la coordinación con el Poder Judicial a través de “conversato- rios” entre jueces y Ministerios Públicos, una estrategia que busca unificar criterios jurídicos y asegurar que las detenciones y judicializaciones sean sólidas, respetando siempre el debido proceso y los derechos humanos.