“Se Requiere Evidencia Para Investigar y Fincar Responsabilidades”
Por Benny Díaz
Lucía de León Ursúa (Foto: Congreso del Estado de Aguascalientes)
La diputada Lucía de León Ursúa afirmó que no existe cobro de piso en los Centros de Reinserción Social de Aguascalientes, y sostuvo que hasta ahora quienes han hecho esos señalamientos, principalmente familiares de las personas privadas de la libertad, no “han presentado pruebas concretas que permitan a las autoridades actuar”.
De acuerdo con la legisladora, las acusaciones difundidas en torno a presuntas extorsiones o cuotas al interior de los penales se han quedado en el terreno de los dichos, pese a las manifestaciones que familiares de los internos han realizado en el exterior del penal para visibilizar sus inconformidades.
Lucía de León Ursúa subrayó que, si bien toda denuncia debe ser atendida con seriedad, para proceder legal o administrativamente “se requiere evidencia, ya que de otro modo no es posible sustentar una investigación formal ni fincar responsabilidades”.
La diputada remarcó que las expresiones públicas de protesta no sustituyen la obligación de presentar pruebas ante las instancias correspondientes. Insistió en que las autoridades no pueden actuar únicamente con base en versiones sin respaldo documental, testimonial sólido o denuncias formales que permitan abrir líneas claras de investigación.
Familiares de personas privadas de la libertad han denunciado en distintas ocasiones presuntos abusos, irregularidades y cobros indebidos al interior del sistema penitenciario. Sin embargo, la postura de la legisladora apunta a desacreditar, al menos por ahora, la existencia de esa práctica al señalar que no se ha aportado evidencia verificable.
El posicionamiento deja abierta una discusión sobre las condiciones en que suelen presentarse este tipo de denuncias. En contextos penitenciarios, la falta de pruebas no siempre implica necesariamente la inexistencia de los hechos, sino también puede reflejar el miedo a denunciar, la dificultad para documentar abusos desde el interior de un penal o la desconfianza de las familias hacia las instituciones encargadas de investigar.
Por ello, aunque la diputada sostuvo que todo ha quedado en meros dichos, el tema revela una tensión persistente entre la exigencia de pruebas por parte de la autoridad y la realidad de quienes aseguran enfrentar graves irregularidades en espacios donde la opacidad, el temor y la falta de acceso a mecanismos efectivos de denuncia suelen ser un obstáculo.
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