A Pesar de sus Pésimos Resultados en ese Organismo
Por Benny Díaz

Juan Antonio Martín del Campo y Antonio Hernández Organista, en la reunión con integrantes del colectivo Caso Maverick
Hay colectivos de personas desaparecidas que sí tienen la intención auténtica de encontrar a sus seres queridos que en algún momento, por causas que desconocen, ya no regresaron a casa y han emprendido una lucha titánica para tenerlos de vuelta, sea de la forma que sea.
Pero lamentablemente, cuando hay intereses diferentes, como el politizar las cosas, entonces se “contamina” todo por los intereses del actor o partido político que se involucre con ellos para abanderarlos, y es lo que pasó en Aguascalientes con el colectivo Caso Maverick y Juan Antonio Martín del Campo.
Javier Espinosa Granados, dirigente del colectivo Caso Maverick, se ostenta como “representante” de todas las familias de desaparecidos en Aguascalientes, una afirmación que es falsa porque existe el colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia que trabaja con otros colectivos del país y también con el Observatorio de Violencia Social y de Género, que en cada búsqueda de campo dan vista a la fiscalía y a todas las corporaciones necesarias.
Con este tipo de acciones, lo que se logra es “cerrar las puertas” a aquellas madres buscadoras que tienen un interés auténtico en encontrar a sus hijos y a las que no les interesa politizar ese asunto tan sensible y llevar banderas de ningún partido político.
La actuación del colectivo Maverick volvió a colocarse en el centro de la discusión pública luego de que diversas familias y voces cercanas al movimiento de búsqueda cuestionaran lo que consideran una postura contradictoria respecto al posible regreso de Antonio Hernández Organista a la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CEBPD).
Hace cuatro años, integrantes del colectivo Maverick habían manifestado inconformidad con el desempeño de Hernández Organista al frente de la CEBPD y con la labor de Jorge Nieves, entonces identificado como jefe de búsqueda.
Entre los reclamos expresados en ese momento, de acuerdo con testimonios y posturas públicas referidas por familiares, figuraban la falta de resultados, la permanencia de cuerpos sin identificar en la Fiscalía durante años y retrasos en la realización de reactivos de ADN. Hace semanas buscaron el acercamiento con Juan Antonio Martín del Campo y al reunirse el senador tenía a su izquierda nada menos que a Antonio Hernández Organista.
Luego de esa reunión trascendió que “el senador de la gente”, les habría prometido impulsar gestiones para sus casos e incluso que hasta la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) intervendría.
La controversia creció nuevamente porque, según familiares críticos de esa postura, ahora se impulsa o se ve con buenos ojos que Hernández Organista regrese a encabezar la CEBPD, pese a que hace cuatro años el mismo entorno lo señalaba por inacción y por los rezagos institucionales en materia forense y de identificación, lo que resulta incongruente frente a las denuncias que antes se hacían sobre la falta de respuestas a las familias.
A partir de esa contradicción, algunas familias y actores cercanos al tema sostienen que la causa de las personas desaparecidas habría sido politizada y utilizada como plataforma de acercamiento con actores partidistas. En esas versiones, se menciona la posibilidad de que exista una lógica de pago de favores o de búsqueda de cuotas de poder en caso de que Martín del Campo se convierta en candidato del PAN a la gubernatura y eventualmente gane la elección.
La situación ha generado indignación entre personas que, desde el otro colectivo o de manera independiente, sostienen que la búsqueda de familiares desaparecidos exige seriedad, ética y valentía, no cálculos políticos. Para esas familias, cualquier intento de convertir una tragedia humanitaria en moneda de cambio debilita la legitimidad de la lucha y lastima a quienes llevan años buscando verdad, justicia e identificación para sus seres queridos.
En el entorno de familiares buscadores, no es sólo quién encabeza la Comisión Estatal de Búsqueda, sino bajo qué criterios se decide: resultados, capacidad técnica, atención a víctimas y compromiso real con la localización e identificación de personas desaparecidas, características que claramente Hernández Organista incumple.