“Por Retraso en Entregas de Escrituras, Cobros Excesivos y Deficiencias”
Por Benny Díaz
José Antonio Arámbula López (Foto: Francisco Javier Sosa Ordoñez)
Luego de que en julio del año pasado se revocara la fiat notarial número 11 a Alonso Javier González Sánchez, quien lo heredó de su padre, Javier González Ramírez, en las últimas horas del gobierno de Martín Orozco Sandoval, y fue vinculado a proceso el pasado miércoles y sometido a prisión preventiva, el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López, manifestó que “nosotros pusimos la pena máxima administrativa”, al retirarle la notaría, “y por supuesto eso no estorbaba para el curso legal que lleva la fiscalía”.
Como ya es conocido, no se trata de la única notaría investigada. En este caso se descubrieron fraudes que realizaban padre e hijo, motivo por el cual se retiró la patente y ahora el extitular está vinculado a proceso. Arámbula López señaló que existen otras seis notarías bajo investigación y con observaciones contra sus respectivos titulares. Aunque se reservó los nombres, mencionó que las quejas se relacionan con retrasos en la entrega de escrituras, cobros excesivos y deficiencias en la atención.
“Lo demás ya le corresponde al fiscal”, puntualizó.
Al ser cuestionado sobre la forma en que se otorgan las notarías, indicó que no deben entregarse por favores, sino a profesionales, y que se debe vigilar “el correcto funcionamiento de las notarías que son el instrumento de gobierno para tener certeza jurídica”.
Explicó que existe la posibilidad de modificar el mecanismo de asignación, actualmente a cargo del Poder Ejecutivo, pero ello dependerá de una eventual reforma legislativa que decidan los diputados. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes, el cargo de notario puede concluir por cuatro razones: renuncia expresa, fallecimiento, incumplimiento de funciones conforme a la ley y “si se diere lugar a queja comprobada por falta de probidad o se hicieran patentes vicios o malas costumbres también comprobados”.
Esto fue lo que sucedió con la notaría número 11, donde se acreditaron vicios y malas prácticas. Respecto a las otras seis notarías con carpetas de investigación, Arámbula López subrayó que el único facultado para informar si existen motivos para vincular a proceso a otras personas es el fiscal.