Sin Importar si Viven o no Dentro de Centro Penitenciario: Medina
Por Benny Díaz
Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba
La diputada Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba manifestó que es necesario realizar adecuaciones a la ley para que exista “protección especial para los menores de edad cuyos padres estén privados de su libertad porque están en estado de vulnerabilidad”.
La propuesta tiene como objetivo principal actualizar el marco jurídico estatal y garantizar que esta población infantil reciba atención, acompañamiento y protección especializada por parte de las autoridades estatales y municipales, bajo principios fundamentales como el interés superior de la niñez, la no discriminación, la igualdad sustantiva y la protección integral.
Medina Ruvalcaba presentó la iniciativa para reformar el capítulo IX y el artículo 126 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, “con el propósito de incorporar como población infantil en condiciones especiales de vulnerabilidad a todas las niñas y los niños cuyo padre o madre se encuentra en un centro penitenciario, sin importar si viven o no dentro del mismo”.
La legisladora subrayó que “la iniciativa plantea reconocer de manera explícita a niñas y niños que ven afectado su desarrollo emocional, escolar y social por la situación jurídica de alguno de sus padres, y que actualmente no están contemplados dentro de la legislación vigente. Con ello, se pretende corregir una limitación normativa que dejaba fuera a menores que enfrentan condiciones similares a quienes sí residen en los centros penitenciarios”.
Los alcances de la propuesta se orientan a implementar acciones, programas y mecanismos especícos para esta población, además de garantizar el ejercicio, respeto y protección de sus derechos, así como asegurar el acceso a servicios educativos, de salud y acompañamiento psicosocial. La congresista señaló que, de acuerdo con información del Inegi, el 41.7 por ciento de las personas privadas de la libertad en México tienen hijas o hijos. En el caso de las mujeres en reclusión, la cifra asciende a 56.7 por ciento. Asimismo, se ha documentado la ausencia de protocolos estandarizados para identicar y atender a niñas y niños con familiares en prisión, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el marco jurídico y las políticas públicas en la materia.
