La iniciativa fue construida en una mesa técnica conformada por varias dependencias del Gobierno de México
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hoy se envía al Congreso de la Unión una serie de iniciativas de ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, recordó que el pasado 9 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 73 de la Constitución para dotar de facultades al Congreso de la Unión y emitir una Ley General contra la extorsión, con el objetivo de que todas las entidades federativas persigan este delito de oficio y su investigación no dependa de la presentación de una denuncia.
Explicó que la iniciativa fue construida en una mesa técnica conformada por varias dependencias del Gobierno de México y comprende sustantivamente: la coordinación entre las autoridades de los distintos órganos de gobierno, un tipo penal básico, todos los elementos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal, las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales, así como las reglas especiales para el combate de la extorsión en centros penitenciarios.
Detalló que se plantean penas de seis a 15 años de prisión y se determina a partir de una serie de agravantes como: el cobro de piso, cuando las víctimas son migrantes, menores de edad o en caso de que sea ejecutado por una persona servidora pública. Además, se eleva a categoría de Ley la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión que cuenta con el número 089 para su denuncia.
También se armonizan distintos ordenamientos legales: el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio para prever que el delito de extorsión sea susceptible de la extinción de dominio.
“Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad y que requiere, como se ha venido haciendo ya, de una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano para su erradicación”, agregó.
